La Guardia Civil detiene a cuatro personas por robo con fuerza, falsificación de moneda y tráfico de drogas

La Guardia Civil detiene a cuatro personas por robo con fuerza, falsificación de moneda y tráfico de drogas

La Guardia Civil, dentro del marco de la Operación Progenie, ha detenido a cuatro hombres, de 22, 23, 24 y 27 años, vecinos de Palencia, como presuntos autores delitos de robo con fuerza en las cosas, falsificación de moneda y contra la salud pública (tráfico de drogas). Leer más…

La Guardia Civil detiene a cuatro personas por robo con fuerza, falsificación de moneda y tráfico de drogas

Otras tres personas están imputadas por un presunto delito de receptación

La Guardia Civil, dentro del marco de la Operación Progenie, ha detenido a cuatro hombres, de 22, 23, 24 y 27 años, vecinos de Palencia, como presuntos autores delitos de robo con fuerza en las cosas, falsificación de moneda y contra la salud pública (tráfico de drogas).
Las actuaciones policiales se iniciaron cuando ante la Guardia Civil se denunció un robo con fuerza en el interior de una vivienda de Baños de Cerrato el día 27 de diciembre de 2012, así la sustracción de 19 mini-ordenadores del Colegio Gómez Manrique de Villamuriel de Cerrato, cometido en el mes de julio del mismo año.
Como resultado de las investigaciones realizadas, la Guardia Civil pudo determinar que la posible autoría de los hechos delictivos cometidos correspondía a los detenidos.
También se ha imputado a tres personas (1 hombre de 49 años y 2 mujeres de 48 y 20 años), vecinos de Palencia, como presuntos autores de un delito de receptación.
Se han realizado dos registros simultáneos en otras tantas viviendas ubicadas en la capital palentina, donde residían algunos de los detenidos, donde la Guardia Civil se ha incautado de numerosos objetos, alguno de ellos sin que se pudiera acreditar su legítima procedencia, estando varios sustraídos de los robos anteriormente citados. Los más importantes son un teléfono móvil, joyas y varias botellas de licor, todo ello denunciado como sustraído en el interior de una vivienda sita en Baños de Cerrato.
Tres mini-ordenadores sustraídos en el interior del colegio Gómez Manrique, de Villamuriel de Cerrato. Once billetes de 50 euros, falsificados.Tres televisiones de plasma.
Un proyector.Doce plantas de marihuana (en fase de crecimiento), y útiles para su cultivo y venta (lámpara de calor, báscula, …)
Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y efectos recuperados, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Palencia.
Se continúan con las investigaciones para el total esclarecimientos de los hechos, y se realizan gestiones para conocer la procedencia de parte de los objetos intervenidos.

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Esta semana comienza el primer curso de la Escuela Iberoamericana de Policía en el que participarán representantes de 20 países

Esta semana comienza el primer curso de la Escuela Iberoamericana de Policía en el que participarán representantes de 20 países

09 / 06 / 2013 Carrión de los Condes (Palencia)
Organizado por la Dirección General de la Policía
Se desarrollará durante los días 11, 12 y 13 en Carrión de los Condes (Palencia) bajo el título “Hacia un espacio iberoamericano de seguridad”
El director de la Policía inaugurará este primer curso en el que se llevarán a cabo distintas mesas redondas sobre terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, la violencia en las nuevas generaciones o la necesidad de la colaboración entre el sector público y privado en el ámbito de la seguridad
Esta semana comienza el primer curso de la Escuela Iberoamericana de Policía organizado por la Dirección General de la Policía española y en el que participarán altos mandos policiales de 20 países. Un curso se desarrollará durante los días 11, 12 y 13 en Carrión de los Condes (Palencia) bajo el título “Hacia un espacio iberoamericano de seguridad” y que será inaugurado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
Este es el primer curso de la Escuela Iberoamericana cuya creación se acordó en la Reunión Iberoamericana de directores de Policía celebrada en Cádiz en octubre de 2012. El objetivo es fomentar una capacitación continua e integral en materia de seguridad mediante el intercambio de experiencias prácticas y de conocimiento tecnológico.
A esta primera actividad formativa acudirán altos mandos y representantes de los cuerpos policiales de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y España.
Los directores y representantes de las Policías de estos países pretenden fomentar la cooperación policial para lograr un espacio iberoamericano más seguro y aunar esfuerzos contra el crimen organizado transnacional, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de seres humanos o las nuevas formas de ciberdelincuencia. Una de las vías para alcanzar esta unión de fuerzas contra el crimen es la formación conjunta de los agentes.
Mesas redondas y demostraciones operativas
Tras la inauguración, el responsable de Seguridad y Justicia de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Alejandro Kawabata, impartirá una ponencia bajo el título “El acervo iberoamericano”. En la primera mesa redonda, “Hacia un espacio iberoamericano de seguridad”, participarán los representantes de Colombia, Portugal, Costa Rica, República Dominicana y Argentina. Al día siguiente, el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía española moderará la mesa redonda que abordará “La Escuela Iberoamericana de Policía”.
La tarde del miércoles se llevará a cabo otra mesa redonda sobre “Terrorismo, crimen organizado y narcotráfico”, moderada por el comisario general de Policía Judicial español, en la que participarán responsables de México, Bolivia, Paraguay y Panamá.
El jueves, última jornada del curso, se realizarán dos mesas redondas, la primera bajo el título “El fenómeno de la violencia en las nuevas generaciones iberoamericanas”, moderada por el comisario general de Información; y la segunda analizará “La necesidad de colaboración entre el sector público y privado en el ámbito de la seguridad”, moderada por el subdirector general del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía.
Durante este curso está prevista también una demostración operativa de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional española, dirigida por el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino.
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Llegada del ministro del Interior a la Reunión del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea proponiendo una nueva definición del delito de terrorismo que contemple el ‘adiestramiento pasivo’

Fernández Díaz propone una nueva definición del delito de terrorismo que contemple el ‘adiestramiento pasivo’

07 / 06 / 2013 Luxemburgo
Consejo JAI en Luxemburgo
El ministro del Interior señala que el fenómeno terrorista ha cambiado en los últimos años y la legislación tiene que adaptarse a esta nueva realidad.
El objetivo de esta medida es que no sólo se penalice al que adoctrina en la comisión de un delito terrorista sino también aquéllos que reciben esa información.
Fernández Díaz ha ofrecido las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía de Ávila como nueva sede de la Academia de Policía Europea CEPOL en 2014.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha propuesto en la Reunión del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea (JAI), celebrada este viernes en Luxemburgo, incluir el “adiestramiento pasivo” en la definición de terrorismo para poner al día la lucha antiterrorista y atajar así el fenómeno de los llamados “lobos solitarios”.
Jorge Fernández Díaz ha señalado que ha presentado a sus socios europeos “la necesidad de repensar la definición de terrorismo que la Unión Europea estableció en 2008 para contemplar también el llamado adiestramiento pasivo”. Con la introducción del “adiestramiento pasivo”,se pretende penalizar no sólo al que cuelga una información en la web o el que la difunde a través de un púlpito radical sino al que la consulta o la escucha.
En este sentido, Jorge Fernández Díaz ha explicado que “la cuestión es que no solo esté especificado como delito de terrorismo quien adoctrina acerca de la comisión de un delito, bien sea en centros de culto, bien sea en las prisiones, bien sea a través de la red, bien sea en campos de entrenamiento, en el extranjero, en zonas de conflicto, en Yemen, Somalia y ahora en Siria, sino también aquellos que lo reciben”.
Además, el ministro del Interior ha señalado que “el fenómeno terrorista ha evolucionado, tenemos esas nuevas realidades y creemos que la legislación europea tiene que adaptarse a ella”. “La legislación”, ha explicado el ministro, “tiene que adaptarse a esa nueva realidad para que los Estados tengamos instrumentos jurídico-legales adecuados para luchar frente a esa amenaza de terrorismo”.
Finalmente sobre este asunto, Jorge Fernández Díaz ha añadido que “resulta difícil de entender que una persona que quede acreditado por las investigaciones correspondientes que está adiestrándose en la comisión de delitos terroristas, no tenga la voluntad en algún momento de cometerlos”.

Llegada del ministro del Interior a la Reunión del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea (JAI)

Establecimiento de un Programa de Protección para Siria
El conflicto que desde principios de 2011 viene sufriendo Siria, ha provocado un importante flujo de refugiados procedentes de este país que integra tanto a nacionales sirios como a otros grupos procedentes de otros países como Irán, Irak, Afganistán o Somalia.
Esta circunstancia está generando una enorme presión sobre los sistemas de acogida de los países vecinos a Siria y una sobrecarga de los recursos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que se está viendo desbordado en las labores de registro de refugiados.
En este asunto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que España tiene el compromiso firme de proteger a los refugiados generados por este conflicto y ha trasladado al resto de socios europeos “la necesidad de una reacción coordinada por parte de la Unión Europea y de centrarse en el establecimiento de un Programa de Protección Regional para Siria”.
Combatientes desplazados para participar en la yihad
El ministro del Interior ha señalado que España comparte la preocupación por los efectos de la influencia del yihadismo radical y su capacidad de captación de seguidores en nuestras sociedades. Jorge Fernández Díaz, ha trasladado a sus homólogos europeos y al coordinador Antiterrorista, Gilles de Kerchove, la necesidad de combatir las redes de reclutamiento que forman el núcleo principal y la base para captar a los combatientes y facilitarles el viaje.
Asimismo, Jorge Fernández Díaz ha señalado que para ello “tenemos que compartir las mejores prácticas en relación con los mecanismos que permitan evitar esos viajes a zonas de conflicto, incluyendo para ello medidas administrativas y optimizando la utilización de los sistemas de información y de control de fronteras existentes”.
Firma del Partenariado de Movilidad con Marruecos
La Unión Europea y Marruecos han firmado un acuerdo para reforzar la colaboración en la gestión de la inmigración y la movilidad de sus ciudadanos, que incluye el próximo lanzamiento de las negociaciones para facilitar los visados para estudiantes, investigadores y empresarios.
Con esta iniciativa las partes fijan una serie de objetivos y políticas concretas para reforzar la cooperación en la gestión de los flujos migratorios y la circulación de personas, incluido el comienzo de negociaciones para futuro un acuerdo de facilitación de este tipo de visados.
Sede de la Academia de Policía Europea en Ávila
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha aprovechado este encuentro en Luxemburgo para anunciar al Consejo el ofrecimiento de España de albergar, a partir de 2014, la sede de la Academia de Policía Europea CEPOL en las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía de Ávila.
El ministro del Interior ha explicado que la Escuela Nacional de Policía de Ávila es, sin duda, “una institución idónea para este fin ya que posee unas instalaciones muy completas y actualizadas, y cuenta con una sólida experiencia en la formación policial nacional e internacional”.
Jorge Fernández Díaz ha añadido que además de estas características, “nuestra escuela ha recibido varias distinciones de reconocimiento a su labor, como el Sello Europeo de la Excelencia en 2008 y la Certificación de Excelencia del Modelo Europeo de Gestión de la Calidad en 2010.

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Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (VI)

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (VI) (Editar)

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (VI)

ALEGACIONES AL TÍTULO III
FUNDAMENTO
El título III se dedica al personal de seguridad privada, con dos capítulo, el primero con una denominación difusa, “disposiciones comunes”, terminología empleada cuando no se sabe que poner, recoge la relación de especialidades dentro de la seguridad privada, los requisitos que deben disponer y su formación. El capítulo segundo trata sobre las “funciones de seguridad privada”.
Con el anteproyecto se mejora sensiblemente la formación del personal de la seguridad privada y de hecho se considera un gran avance la necesidad de títulos homologados, no solo por el Ministerio del Interior, sino también por el de Educación, Cultura y Deporte.
Se podría producir una indefinición en el artículo 29, apartado c) y e), en los que respecta a los directores de seguridad y detectives privados, ya que aunque se eleva su nivel académico a “grado universitario”, queda indeterminado, la posibilidad de acceder a las titulaciones anteriores a otros grados universitarios, no de seguridad, sino abogados, ingenieros, etc., o militares, policías, etc., cuya titulación se equipare al grado. Parece que estos graduados podrían optar a ser directores de seguridad mediante la aprobación de un curso master en la materia.
El artículo 30 del anteproyecto se refiere a los principios de actuación del personal de seguridad privada, sobre los cuales no hay ninguna objeción, excepto en su brevedad, debiéndose dar pie, dentro del texto, a que el Gobierno desarrollará un código deontológico para este personal, en similitud a los existentes para los distintos cuerpos de seguridad pública.
El capítulo segundo trata sobre las funciones a realizar por las distintas especialidades y dentro de ellas, insistimos en lo que se exponía al principio de las alegaciones, en el sentido que entre las actividades de seguridad privada no se encontraba la redacción y elaboración de proyectos de seguridad.
Dentro del artículo 36, refiriéndose a los directores de seguridad, enumera de forma bastante exhaustiva las funciones que deben realizar, estando entre ellas, la evaluación de riesgos, la supervisión y comprobación de los sistemas de seguridad, pero ¿quién hace el proyecto se seguridad?, evidentemente tiene que hacer lo técnico, ingenieros o arquitecto, pero ¿qué saben estos profesionales de análisis de riesgos en seguridad?, ¿están capacitados para analizar riesgos antrópicos, industriales y naturales? Con respecto a los riesgos naturales y a través de las normas de mitigación recogidas en los códigos y normas técnicas de edificación, puedan hacerlo, también al propio riesgo contra incendios, pero no más.
Entramos dentro del concepto de “técnico competente”, que al menos debería ser mencionado en el texto de la futura ley de seguridad privada y desarrollado reglamentariamente las funciones que debe realizar. El autor de estas líneas, tras cerca de treinta años en el sector de la seguridad y las emergencias, ha realizado conjuntamente con técnicos, diferentes proyectos de seguridad, en los cuales elaboraba el análisis de riesgos y la estructura sistémica de la seguridad, mientras que el técnico, transformaba esos requerimientos en sistema técnicos, siendo la memoria del proyecto firmada por ambos.
Lo que desde luego no es admisible es que el proyecto de seguridad y su instalación sean realizados por la misma empresa instaladora, debiéndosele dar el mismo tratamiento, en seguridad, que a cualquier otro proyecto, en donde existe un técnico de la “propiedad” y una empresa que ejecuta.
PROPUESTAS
Ampliar el artículo 29 en la posibilidad de que los directores de seguridad y detectives privados puedan proceder de un grado universitario cualquier y posteriormente una especialización a través de un curso de experto o master universitario.
Dentro del artículo 30, se debería considerar la necesidad de que se desarrolle reglamentariamente o por cualquier otra disposición, un código deontológico para la seguridad privada, quedando restringida su función futura en seguridad para el que lo infrinja.
Mencionar de alguna forma el concepto de “proyecto de seguridad” y “técnico competente”, como forma de que los proyectos estén acordes con las verdaderas necesidades de seguridad.
ALEGACIONES AL TÍTULO IV
FUNDAMENTOS
El título IV, trata sobre los servicios y medidas de seguridad, correspondiendo al capítulo I de los servicios, cayendo en el mismo olvido que tanto hemos indicado desde el principio del análisis del presente anteproyecto: no se cita a los departamentos de seguridad, como si desde ellos no se prestara este servicio y tal como se ha reflexionado, son los que dirigen y gestionan más del 90% de la seguridad privada (artículo 38).
En el artículo 41. 4 se cae en una indefinición manifiesta, cuando se expresa que “requerirán autorización previa los siguientes servicios de vigilancia y protección, que se prestarán, cuando proceda, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. ¿Cuándo procede? ¿Se desarrollará este proceder mediante desarrollo reglamentario u otra norma de rango subordinado? Cuándo se indica “protección”, ¿a qué se está refiriendo?
Un campus universitario, un polígono industrial, un parque tecnológico ¿son recintos privados o son públicos? Estas instalaciones cuenta con un plan de autoprotección, que recoge “todas las actividades” que se puedan realizar en el espacio, teniendo una clara participación en el plan la seguridad privada, primero porque el director de seguridad es generalmente el “director del plan de actuación en emergencias”, siendo su staff el personal y los medios de su departamento de seguridad.
El artículo 42 está dedicado a los servicios de videovigilancia, siendo poco claro el apartado 3: No se podrán utilizar videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público salvo en los supuestos y en los términos y condiciones previstos en la legislación en materia de seguridad ciudadana, previa autorización administrativa. Su utilización en el interior de las viviendas requerirá el consentimiento del titular.
Este apartado provocará una revisión de un número muy importante de espacios e instalaciones: puertos, aeropuertos, campus universitarios, parques tecnológicos, ciudades sanitarias, polígonos industriales, clubes deportivos, y un largo etcétera, en donde la instalación de videocámaras se han regido única y exclusivamente por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y de las correspondientes instrucciones de la Agencia de Protección de Datos en materia de videovigilancia.
Con ello, no se quiere significar que se está en contra de lo anterior, al revés, se vivía y se vive en una “sociedad vigilada”, pero se ha de tener en cuenta que la adecuación de toda la videovigilancia a lo planteado por la ley de seguridad privada, no se puede realizar en un breve intervalo de tiempo, sino que exigirá una disposición transitoria de bastantes meses e incluso de años.
En un aparcamiento público de gestión privada, se han instalados videocámaras, siendo el porcentaje de delitos cometidos en los mismos bastante reducidos, lo cual si hay que adaptar estos criterios a los especificados en la Ley Orgánica de Videovigilancia, prácticamente se eliminarán las cámaras de TV.
La expresión que la utilización en el interior de las viviendas requerirá el consentimiento del titular, parece algo fuera de lugar, porque no se alcanza a entender cómo se pueden instalar este tipo de medios electrónicos en una vivienda.
En el artículo 46 aparece, por primer vez el concepto de “proyecto”, aunque no lo califica de “seguridad” sino de “instalación”, lo cual son cuestiones bien distintas, dado que un proyecto de seguridad exige un previo análisis de riesgos contra los que debe precaverse la instalación y por ello se redacta un proyecto, mientras que “proyecto de instalación” consiste en instalar de forma ordenada lo que se ha especificado en el proyecto de seguridad. Si lo asimilamos a un edificio, se redacta un proyecto con todas las características constructivas del mismo, adaptadas a los deseos de la “propiedad”. La entrega de ese proyecto a la empresa constructora, ésta lleva a cabo un proyecto de construcción, en donde establece secuencias, maquinarias que se deben disponer, trabajadores, especialidades, características técnicas de materiales, etc.
En el artículo 48, dentro de la denominación de los servicios de planificación y asesoramiento, se expresa:
1. Los servicios de planificación y asesoramiento, que consistirán en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los servicios de seguridad, serán prestados por personal habilitado como directores de seguridad, sin perjuicio de las funciones que corresponden a éstos en el ámbito de sus respectivas empresas.
2. En los supuestos en que sea obligatoria la existencia del director de seguridad, las funciones de planificación y análisis de riesgos serán de su responsabilidad.
En las alegaciones efectuadas al artículo 36, sobre los directores de seguridad, se indicaba el “olvido” sobre los proyectos de seguridad y el necesario análisis de riesgos previo para elaborarlo. Asimismo el contenido de los artículos 48 y 36 b) son bastante parecidos. A la postre sigue faltando en todo el articulado el concepto de “proyecto de seguridad” y el de “técnico competente”, aclarado aparentemente que el análisis de riesgos debe efectuarlo un director de seguridad, pero ¿cómo encaja este estudio dentro del proyecto de seguridad?
El capítulo II del título III trata sobre las medidas de seguridad y concretamente el artículo 50 se refiere a la adopción de medidas de seguridad tanto en centros, establecimientos e instalaciones como en las sedes de empresas de seguridad.
El hecho de equiparar la seguridad que debe tener la sede de una empresa de seguridad con la que debe tener una central nuclear, por ejemplo, puede que sea exagerado por parte de lo expuesto en el texto. Hay que tener en cuenta que la sede de una empresa de seguridad es al fin y a la postre un establecimiento de oficinas, a no ser que se incluya la central de alarmas, que exige una mayor protección y seguridad.
Por otra parte aparece un nuevo concepto: los “titulares de los establecimientos e instalaciones”, no definido en la relación del artículo 2 y que por ejemplo está perfectamente tipificado en las definiciones de la Norma Básica de Autoprotección.
El artículo habla de establecimientos e instalaciones, pero no de espacios: ¿Un espectáculo público que se realiza en un espacio abierto, de carácter privado, tiene que tener medidas de seguridad?, por supuesto que sí y además disponer de sus correspondientes planes de seguridad y autoprotección. Se podría indicar que la normativa de espectáculos públicos ya contempla este hecho, pero parece un poco ilógico que no lo haga la futura ley de seguridad privada, incluyéndolo en un epígrafe, como “actividades”, las cuales pueden sufrir riesgos y causar riesgos.
En el artículo 51 se relacionan las medidas de seguridad, destinadas a la protección de personas y bienes. Se entiende que debe existir una conexión entre medidas de seguridad, que incluye el recursos humano y los departamentos/directores de seguridad, que es el que debe de dirigir y gestionar la seguridad de un establecimiento, instalación u organización, porque parece que las grandes corporaciones, como las eléctricas, las empresas de transportes, etc. no tuvieran que disponer de una seguridad única, desconcentrada en todos sus edificios, instalaciones y actividades.
En el apartado 2 del artículo anterior se mencionan los sistemas de alarma instalados y utilizados por empresas de seguridad privada. Los medios de seguridad y los de alarma, deben formar parte de un proyecto de seguridad, ejecutado por una empresa instaladora de seguridad y operado por la empresa de seguridad que contrate el titular de la instalación. Son tres partes totalmente distintas del problema, cuando en el artículo parece que todo se focaliza hacia la empresa de seguridad.
Por otra parte aparece un nuevo concepto, el de “organismo de certificado acreditado”, sin conocerse, ni hacer mención a cuáles pueden ser: ¿tiene que ser un organismo oficial, como es el caso del CNI para determinadas actuaciones, o serán empresas privadas, homologadas para realizar esta función por el ministerio del Interior?
PROPUESTAS
Aunque es una propuesta que se reitera, dada su importancia, no debe dejar de hacerse mención, debiéndose en el capítulo I del presente título, recoger los servicios que realizan o pueden realizar los departamentos de seguridad.
No se puede tratar de forma tan generalista la aseveración de que los servicios de seguridad privada deberán realizarse “cuando proceda” en conjunción con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo incluirse que esta cuestión se desarrollará reglamentariamente.
En espacios abiertos de propiedad privada y uso público, se desarrollan actividades que pueden generar riesgos y por este motivo deben contar con un plan de autoprotección, debiéndose aplicar lo mismo en lo concerniente a seguridad, de tal forma que esos espacios, como urbanizaciones, parques industriales y tecnológicos, campus universitarios, etc. deben tener su propio plan de seguridad, recogiéndose los cometidos de la seguridad privada y la interconexión que debe tener con la pública.
La videovigilancia queda indefinida. Si quiere aplicarse los mismos criterios que las videocámaras de seguridad ciudadana, parece bien, pero habría que dar un tiempo de respuesta para adecuar todas las instalaciones que actualmente cuentan con este medio de seguridad a la normativa legal.
El proyecto de seguridad es un concepto a tener muy en cuenta y debe recogerse en las definiciones del artículo 2 y darle un tratamiento específico en el presente título.
Como consecuencia del proyecto de seguridad, aparece el técnico competente para hacerlo, no siendo válido que una empresa instaladora de seguridad, lo haga y al mismo tiempo lo ejecute. Ese sistema conlleva a “esclavizar” a la instalación de una empresa para toda la vida.
En el capítulo II aparece la figura de “titular de la instalación, establecimiento, etc.”, primero debería figurar definido en el artículo 2, bien equiparándolo a usuario de seguridad privada o a otra.
Se debería concretar quién es el organismo de certificación acreditada.
Continuará …

Fuente: Rafael Vidal Delgado

 

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Consideramos que es de suma importancia alinear la seguridad con el negocio del cliente y concebirla como parte fundamental del mismo, es necesario ganar y contar con la confianza de la alta dirección por ello es necesario transformar la “seguridad” en el de “resistencia” o robustez integral del cliente, tenemos tambien la cooperación del Consulado de España en estos paises, de la Agregaduria de Seguridad del Ministerio de Interior: Cuerpo Nacional de Policia y Guardia Civil, por ello consideramos que dicho interlocutor sea la figura del Director de Seguridad habilitado por el Ministerior Interior.
SEGURPRICAT conoce de la necesidad de proyectos de seguridad internacional de Latinoamerica màs idoneos en paises con mercados emergentes Brasil, Venezuela, Colombia…por la variedad de la normativa de seguridad pública y privada, la dificultad de estandarizar y la diversidad de provedores de seguridad con diferentes modelos de gestión en estos paises, como evaluar y gestionar los riesgos internacionales, el Director de Seguridad Corporativo es el responsable de la seguridad integral debe estar presente en la evacuaciones, contar con información global e informes de inteligencia y riesgo politico, realizar investigaciones de sus incidentes y gestionar la formación de su propio personal en materia de seguridad para ello le ofrecemos nuestro asesoramiento pongase en contacto con nosotros.

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La Guardia Civil desarticula una red dedicada al robo en fincas y casas de campo

La Guardia Civil desarticula una red dedicada al robo en fincas y casas de campo

22 / 05 / 2013 Murcia/Alicante/Granada/Almería
“Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas”
Han sido arrestados los seis integrantes de la organización criminal, esclareciéndose un total de 27 robos
Comercializaban ilícitamente en Marruecos los efectos sustraídos
Se han practicado tres registros domiciliarios, donde se han recuperado efectos sustraídos
La Guardia Civil, en el marco de la operación “LES MACHINES”, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de robos con fuerza en explotaciones agrícolas de las provincias de Murcia, Alicante, Granada y Almería. Comerciaban ilegalmente en Marruecos con los botines obtenidos en los robos.
Se ha detenido a los seis integrantes de la banda, en las localidades murcianas de Lorca, Alguazas y Cieza, además de en Crevillente (Alicante), entre los que se encuentra su líder. Se les imputan los delitos de organización criminal, robo con fuerza, sustracción de vehículo y falsificación de documento.
En los registros practicados en los domicilios de los detenidos, se han recuperado efectos sustraídos en los 27 robos ahora esclarecidos.
Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas
Dentro del “Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas” que está llevando a cabo la Guardia Civil para prevenir y perseguir este tipo de ilícitos, agentes de la Comandancia de Murcia iniciaron una investigación que los orientó hasta un grupo de ciudadanos de origen marroquí, con edades comprendidas entre 35 y 27 años, que podrían conformar una trama criminal organizada dedicada a la comisión de robos en fincas, casas de campo y establecimientos vinculados a la actividad agrícola. Las primeras pesquisas permitieron constatar su estructura, jerarquía, funcionamiento y ámbito de actuación (interprovincial).
La red estaba especializada en el robo de motores de riego, generadores de energía, bombas de agua, herramientas y maquinaria agrícola, vehículos, electrodomésticos y otros objetos de las casas de campo.
Habían establecido como punto de reunión un bar del municipio alicantino de Almoradí, donde su líder citaba al resto de integrantes para planificar sus golpes y no dejar ningún detalle al azar. Además habían alquilado un inmueble en Crevillente que utilizaban como almacén temporal de los efectos sustraídos.
En la fase planificadora, tras seleccionar sus futuros objetivos, realizaban varias inspecciones para hacer un estudio pormenorizado del inmueble y de sus accesos, estableciendo posibles vías de escape.
Para desplazarse durante la comisión de los robos y transportar los objetos sustraídos, utilizaban vehículos de carga, generalmente furgonetas que previamente habían sido sustraídas y modificadas adecuando su interior quitando los asientos traseros para disponer de una mayor capacidad de carga.
Solían actuar durante la madrugada, aprovechando la escasa presencia de personas en las zonas rurales, para evitar ser detectados tanto por los propietarios como por otros vecinos.
Destino a Marruecos
Finalmente, los efectos sustraídos eran enviados por vía terrestre y marítima hasta Marruecos, donde eran comercializados en el mercado ilícito, generando abundantes beneficios económicos a los integrantes de la trama que les permitía no desarrollar actividad laboral alguna. Para las exportaciones del material robado utilizaban furgonetas de grandes dimensiones legalizadas, ocultando los efectos sustraídos entre gran cantidad de objetos y se hacían con facturas falsas para acreditar la mercancía transportada.
La fase de explotación de la operación se lanzó al detectar la planificación de un envío con numerosos objetos robados. Se interceptaron en Lorca dos furgonetas cargadas de efectos sustraídos y se detuvo a dos integrantes de la red. Seguidamente, se efectuaron tres registros domiciliarios en las localidades murcianas de Alguazas y Cieza, y en la de Crevillente (Alicante), donde se detuvo al resto de la organización y se incautaron efectos sustraídos y herramientas empleadas para cometer los robos.
Efectos recuperados
Se han recuperado numerosos efectos sustraídos por la banda, como dos vehículos (una furgoneta y una motocicleta), cinco grupos electrógenos, varias garrafas con combustible, mobiliario y electrodomésticos de casas de campo, como sillas y mesas de de terraza, videoconsolas, lavadoras y frigoríficos, dos bicicletas, además de herramientas, como máquinas de soldadura y de limpieza a presión.
Los arrestados, efectos incautados y diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que ha ejercido la dirección judicial de la operación y ha ordenado el ingreso en prisión provisional de cuatro integrantes de la organización criminal.
La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.
Para la ampliación de información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil de Murcia, en el teléfono 968.23.45.65, ext. 314.
NOTA: Existen imágenes de la operación en el siguiente enlace:
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/index.html
La Guardia Civil desarticula una red dedicada al robo en fincas y casas de campo
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