Aviso de Proteccion Civil por altas temperaturas y por lluvias y tormentas en diferentes zonas del país para el fin de semana. La situación tiende a remitir el domingo 25.

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DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

Protección Civil y Emergencias avisa por altas temperaturas en Canarias y la mitad sur peninsular y lluvias y tormentas en el noreste para el fin de semana

23 / 08 / 2013 Madrid
Las altas temperaturas afectarán especialmente a las islas Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha
El riesgo meteorológico de incendios forestales será muy elevado en la mitad oeste peninsular y en el valle del Ebro, por lo que se recomienda extremar las precauciones
Las lluvias y tormentas afectarán con mayor intensidad a Cataluña
Más información en http://www.proteccioncivil.es, http://www.aemet.es y http://www.msssi.gob.es
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), avisa por altas temperaturas y por lluvias y tormentas en diferentes zonas del país para el fin de semana. La situación tiende a remitir el domingo 25.
Las altas temperaturas afectarán especialmente a las islas Canarias, donde podrán alcanzar hasta 38º C en Gran Canaria. De igual forma, se prevén temperaturas altas en Toledo, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Málaga y Cádiz.
El riesgo meteorológico de incendios forestales es muy elevado este fin de semana en la mitad oeste peninsular y en el valle del Ebro, siendo especialmente elevado en Galicia y en las provincias de Zamora y Salamanca, por lo que hay que extremar las precauciones.
Las lluvias y tormentas afectarán al noreste peninsular, especialmente, a Cataluña.

Recomendaciones

Ante temperaturas extremas:

  • Limite la exposición al sol.
  • Manténgase en lugar bien ventilado.
  • Ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.
  • Beba frecuentemente agua o líquidos.
  • Vístase con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.
  • Evite ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día.
  • Interésese por las personas mayores y enfermas próximas, y aquéllas que vivan solas o aisladas.

Para prevenir incendios forestales:

  • Preste especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos.
  • Evite arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol. Las negligencias provocan gran parte de incendios forestales.
  • Se prohíbe encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos.
  • Acampe sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.
  • Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 inmediatamente.
  • En caso de verse sorprendido por un incendio, evite penetrar en el monte o bosque. Vaya siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible.
  • En caso de emergencia por incendio forestal, atienda siempre las indicaciones de las autoridades competentes.
  • Tenga en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales. Extreme las precauciones.

Ante lluvias intensas

  • Si va conduciendo, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.
  • Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.
  • Si comienza a llover de manera torrencial, piense que existe riesgo de inundación. No atraviese con su vehículo ni a pie los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua, y localice los puntos más altos de la zona. No intente salvar su automóvil en medio de una inundación.
  • Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.
  • No obstante, el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.
Ante el riesgo de tormentas
  • El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las  viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Si va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.
  • Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
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El secretario de Estado de Seguridad recibe al viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco

 

El secretario de Estado de Seguridad recibe al viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco

09 / 07 / 2013 Madrid
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se ha reunido esta tarde con el viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Jesús María Zubiaga.
Este encuentro ha tenido lugar en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad en Madrid. 
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se ha reunido esta tarde con el viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Jesús María Zubiaga El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se ha reunido esta tarde con el viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Jesús María Zubiaga Descarregar



Julian Flores Garcia

Soy Director de Seguridad.Consultor y experto de Seguridad Internacional para Latinoamerica:Colombia y Venezuela Con experiencia en el Area de Consultoria Técnica y Asesoramiento para la internacionalización de su empresa mediana o pequeña en los nuevos mercados de Latinoamerica
30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

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Policia Nacional: Cuatro detenidos ingresaron en prisión.Incluso llegaron a hablar de secuestrar a niños y someterlos a prácticas sádicas.

Ingresan en prisión cuatro pedófilos que ideaban prácticas aberrantes con menores

07 / 07 / 2013 Madrid
Se les imputan los delitos de proposición para el homicidio, agresión sexual, abuso sexual, corrupción de menores, trata de seres humanos y tenencia de pornografía infantil, según los casos
La operación, que se inició gracias a la información facilitada por una persona a la que propusieron formar parte de la trama, se ha saldado con otras cuatro detenciones y dos imputaciones; y la práctica de diez registros en Galicia, Asturias, Andalucía y Madrid
Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas -e imputado a otras dos- en una operación contra la pornografía infantil en Internet, en la que se han practicado diez registros en Galicia, Asturias, Andalucía y Madrid. Cuatro de los arrestados, que ideaban prácticas aberrantes con menores, han ingresado en prisión. Mantenían conversaciones en las que intercambiaban sus experiencias personales referidas a abusos y relaciones sexuales con menores, presuntamente cometidos por ellos mismos. Se les imputan los delitos de proposición para el homicidio, agresión sexual, abuso sexual, corrupción de menores, trata de seres humanos y tenencia de pornografía infantil, según los casos. Los detenidos, de edades comprendidas entre los 25 y 60 años y residentes en distintas provincias españolas, compartían material pornográfico en el que aparecían menores a través de portales y chats de Internet.
Llegaron a hablar de secuestros en sus conversaciones telefónicas
La investigación se inició hace más de un año cuando una persona puso en conocimiento de los agentes que había contactado a través de Internet con uno de los ahora detenidos, quien le había propuesto que formase parte de una trama en la que se compartía pornografía infantil y se hablaba de prácticas sexuales aberrantes con menores.
Los agentes lograron identificar a las personas que participaban en estas conductas presumiblemente delictivas. En el marco de las investigaciones realizadas se supo que, además de compartir archivos de pornografía infantil, algunos de los detenidos confesaban haber cometido abusos sexuales. Incluso llegaron a hablar de secuestrar a niños y someterlos a prácticas sádicas. Los indicios obtenidos mostraron la intención del grupo de llevar a cabo gravísimos delitos. Llegaron a hablar de utilizar a menores en orgías o someterlos a encierros en condiciones infrahumanas, o de iniciar en prácticas sexuales a niños a los que previamente drogarían para que no pudieran recordar los abusos.
Cuatro detenidos ingresaron en prisión
Tras analizar los contactos mantenidos por los pedófilos, los investigadores averiguaron que sus intenciones eran, presuntamente, seleccionar a sus víctimas entre los menores de su entorno. Aunque también barajaban la posibilidad de traerlos del extranjero de familias marginales. Igualmente se identificó a tres niños españoles que podrían estar en situación de riesgo, por lo que se planificó un operativo policial para la detención de los implicados y el registro de sus domicilios.
Este operativo, en el que participaron más de 50 agentes de diferentes plantillas policiales, finalizó con la detención de 8 personas, de entre 25 y 60 años, en A Coruña (2), Pontevedra (2), Madrid (2), Gijón (1) y Málaga (1) y la imputación de otras dos. Cuatro de los arrestados ingresaron en prisión.
Se han llevado a cabo un total de diez registros en Galicia (4),  Madrid (3),  Asturias (2) y Andalucía (1), que han permitido el decomiso de diverso material informático con pornografía de menores y diversa documentación que será analizada por los especialistas de la Policía Nacional.
La investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pontevedra, la Comisaría Local de Vigo, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga y la Comisaría Local de Gijón.
Cuerpo Nacional de Policía Cuerpo Nacional de Policía Descarregar



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Proyecto de Ley de Seguridad Privada

Proyecto de Ley de Seguridad Privada


 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
I
 
La seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; es igualmente un valor social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos.
 
Los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan como la forma en la que los agentes privados contribuyen a la minoración de posibles riesgos asociados a su actividad industrial o mercantil, obtienen seguridad adicional más allá de la que provee la seguridad pública o satisfacen sus necesidades de información profesional con la investigación de asuntos de su legítimo interés. En esta óptica, la existencia de la seguridad privada se configura como una medida de anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos. La consideración de la seguridad privada como una actividad con entidad propia, pero a la vez como parte integrante de la seguridad pública, es hoy un hecho innegable.
 
No solo en España sino fundamentalmente en nuestro entorno europeo, la seguridad privada se ha convertido en un verdadero actor de las políticas globales y nacionales de seguridad.
 
En los últimos años se han producido notables avances en la consideración ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad. Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos.
 
La seguridad, entendida como pilar básico de la convivencia ejercida en régimen de monopolio por el poder público del Estado, tanto en su vertiente preventiva como investigadora, encuentra en la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada, y una forma de articular el reconocimiento de la facultad que tienen los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad.
 
La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
 
A partir de ahí, se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades detecten el acaecimiento de hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.
 
La defensa de la seguridad y el legítimo derecho a usarla no pueden ser ocasión de agresión o desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las entidades privadas de seguridad y de su personal, por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.
 
Desde otra perspectiva, pero igualmente integrada en el objeto de regulación de esta ley, es necesario dar el paso de reconocer la especificidad de los servicios de investigación privada el papel que han alcanzado en nuestra sociedad en los últimos años. Siendo diferentes de los demás servicios de seguridad privada, su acogida en esta norma, dentro del conjunto de actividades de seguridad privada, refleja la configuración de aquéllos como un elemento más que contribuye a garantizar la seguridad de los ciudadanos, entendida en un sentido amplio.
 
II
 
La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que ahora se deroga, vino a ordenar un sector hasta entonces regulado por una normativa dispersa, de rango inferior y de orientación preconstitucional en algunos casos, que contemplaba una realidad todavía incipiente, y a la que dicho marco legal permitió desarrollarse de forma armónica hasta alcanzar la importancia y transcendencia que ahora tiene, habiendo sabido concitar la generalizada aceptación de la sociedad española.
 
Ciertamente, la Ley 23/1992, de 30 de julio, así como su normativa de desarrollo, ha supuesto un gran avance para la evolución de la seguridad privada en España, e incluso ha constituido un modelo para procesos normativos análogos en otros Estados de la Unión Europea. Sin embargo, resulta imprescindible alumbrar una nueva normativa legal que dé solución a los problemas detectados y permita seguir evolucionando a un sector de la industria de servicios española que tanto ha contribuido a la seguridad.
 
En efecto, la regulación del año 1992 resulta hoy claramente insuficiente, lo que se percibe en sus profundas lagunas y carencias, paliadas parcialmente en el posterior reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, e incluso por normas de rango inferior o simples resoluciones. Han sido en muchas ocasiones este tipo de normas las que han permitido que la Ley 23/1992, de 30 de julio, haya podido mantener su vigencia hasta el momento actual.
 
Además, la pertenencia de nuestro país a la Unión Europea ha obligado a que la norma fundamental que regula en España la seguridad privada, la Ley 23/1992, de 30 de junio, haya debido ser modificada por los Reales Decretos-leyes 2/1999, de 29 de enero, y 8/2007, de 14 de septiembre, así como por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con la finalidad de adaptarse cada vez a un entorno más abierto y globalizado, fenómeno que la citada ley, lógicamente, consideró de manera muy colateral.
 
Otros dos factores determinantes de la necesidad de sustituir la vigente ley cabecera de este sector del ordenamiento jurídico son los importantísimos cambios tecnológicos, que condicionan la prestación de servicios de seguridad, y la tendencia a la integración de las distintas seguridades en un concepto de seguridad integral, cuestión a tener en cuenta tanto en el ámbito de las actividades como en el de las funciones y servicios que presta el personal de seguridad privada, aspectos éstos que la Ley 23/1992, de 30 de julio, no podía contemplar.
 
Pasados veinte años desde su promulgación, ante un sector maduro y completamente profesionalizado, con presencia en todos los lugares y niveles de la vida del país y de sus ciudadanos, y ante una realidad completamente diferente a la del año 1992, es necesario aprobar una nueva norma que permita solucionar los problemas de funcionamiento detectados a lo largo de estas dos décadas pasadas.
 
Este fenómeno de insuficiencia de regulación se da aún más, si cabe, con las actividades de investigación privada y los detectives privados, cuya inserción tangencial en la Ley 23/1992, de 30 de julio, vino a abundar en el problema expuesto. En efecto son muy escasas las prevenciones sobre dichas actividades y personal no sólo en sede legal, sino también reglamentaria, por lo cual esta ley afronta de manera decidida y completa, en lo que le corresponde, la definición de su contenido, perfiles, limitaciones y características de quienes, convenientemente formados y habilitados, la desarrollan. De esta manera la regulación de las actividades y el personal de investigación privada pasa a constituir uno de los elementos fundamentales de la nueva ley, abandonando la presencia colateral que tiene en la vigente normativa.
 
III
 
Al contrario de la anterior regulación, la nueva ley representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro.
 
En consecuencia, es preciso transitar desde la concepción de control y sanción, que inspira el preámbulo y el articulado de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y que tuvo su razón de ser en aquel momento, hasta una norma que permita aprovechar las enormes potencialidades que presenta la seguridad privada desde la perspectiva del interés público.
 
Es por eso que la nueva regulación contempla, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal de seguridad; la eliminación de las situaciones que dan lugar al intrusismo tanto de las empresas como del personal; la dotación al personal de seguridad privada del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones legales, y los elementos de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública.
 
La ley pasa de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad, y ahonda en el principio de subsidiariedad mediante una técnica legislativa más flexible que permite una adaptación permanente a los cambios que experimente la sociedad sin que sea precisa una reforma de rango legal para ello.
 
En la relación especial que mantiene la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, auténticos garantes del sistema de libertades y derechos que constitucionalmente protegen, se hace necesario avanzar en fórmulas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada, de forma que, además de integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga partícipes de la información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus deberes.
 
Se aborda, así, una reforma en profundidad de la regulación legal hasta ahora vigente que pivota sobre dos ejes. En primer lugar, sobre la base irrenunciable de la preeminencia de la seguridad pública sobre la seguridad privada, se realiza una adecuación de la normativa que permita su adaptación y dé respuesta a la necesidad real de seguridad en cada momento, de manera que se aprovechen todas sus potencialidades. En segundo lugar, los poderes de intervención y control público sobre la seguridad privada se focalizan en los aspectos verdaderamente esenciales para la seguridad pública, desregulando los aspectos accesorios que no tienen una directa relación con el servicio de seguridad, al tiempo que se moderniza su gestión y se potencia su colaboración con la seguridad pública.
 
En resumen, puede decirse que el conjunto de los cambios propuestos en la nueva ley, además de mejorar y resolver problemas técnicos, de gestión y operativos, profundiza decididamente en el actual modelo español de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública), apostando por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, y lo hace aprovechando e integrando funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, al servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía, de forma compatible con el legítimo interés que persiguen las entidades privadas de seguridad.
 
Este mismo enfoque inspira los preceptos que se dedican a la investigación privada. En este punto, el legislador, como en las restantes actividades contempladas en la ley, tiene que hacer compatible ese enfoque positivo con una serie de prevenciones indispensables para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente los del artículo 18 de la Constitución.
 
IV
 
Uno de los aspectos donde más se ha puesto de manifiesto el cambio habido desde la aprobación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, es en la participación de las comunidades autónomas en la materia. Lo que entonces era algo residual se ha transformado en un fenómeno de mayor calado, pues a las comunidades autónomas con competencia estatutariamente asumida para la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público, se van uniendo otras comunidades autónomas cuyos nuevos estatutos de autonomía reconocen su competencia sobre la seguridad privada, aunque en ambos casos con sujeción a lo que el Estado regule de acuerdo con el artículo 149.1.29ª de la Constitución.
 
Así, la nueva ley quiere reconocer este cambio de situación y contemplar el fenómeno de una manera global, no tangencial, como hasta el momento, reflejando los diferentes niveles competenciales en función de las previsiones estatutarias.
 
Para que la actuación de las distintas administraciones públicas sea coherente con el mantenimiento de la armonía del sistema, es fundamental incidir en los principios de coordinación y cooperación interadministrativa. Al objeto de evitar interferencias y duplicidades, se prevén mecanismos de coordinación institucional, se clarifica el reparto de competencias estatales y autonómicas, se afianza la competencia exclusiva del Estado en materia normativa y se sitúan en la órbita ejecutiva las competencias de las comunidades autónomas.
 
V
 
Se pasa de un tratamiento normativo parcial a una ley generalista, reguladora de la totalidad de materias que configuran el sector de la seguridad privada, dotada de sistematicidad normativa a lo largo de sus siete títulos, con un desglose de materias que abarcan desde lo más general hasta lo más específico.
 
Así, en el título preliminar se ha aprovechado para dar definición legal a conceptos o términos que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados, tales como el propio de seguridad privada, o los de actividades de seguridad, servicios de seguridad, funciones de seguridad, medidas de seguridad, despachos de detectives privados u otros de significada importancia, lo que sin duda alguna ha de tener una directa repercusión favorable en la mejora de la seguridad jurídica.
 
En esta línea, por primera vez se fija el ámbito material y la finalidad a la que sirve la propia seguridad privada, que no puede ser otra que contribuir, con su acción profesional, a completar la seguridad pública de la que forma parte.
 
Otras importantes novedades que la nueva ley incorpora en su título preliminar son las referidas a la actualización del ámbito de las actividades de seguridad privada; se regulan las llamadas actividades compatibles, consistentes en todas aquellas materias que rodean o tienen incidencia directa con el mundo de la seguridad, y, por otra parte, se completan y perfilan mejor las actividades de seguridad privada, como es el caso de la investigación privada, que se incluye con normalidad en el catálogo de actividades de seguridad.
 
La seguridad de la información y las comunicaciones aparece por primera vez configurada no como actividad específica de seguridad privada, sino como actividad compatible que podrá ser desarrollada tanto por empresas de seguridad como por las que no lo sean, y que, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y privadas, llevará implícito el sometimiento a ciertas obligaciones por parte de proveedores y usuarios.
 
Igualmente, en la línea de reducir restricciones a la libre competencia, se liberaliza la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad privada, que pasa a considerarse como una actividad compatible no reservada a las empresas de seguridad privada, ya que su afección a esta última, y mediatamente a la seguridad pública, no es directa.
 
También se ha aprovechado para realizar una necesaria matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta.
 
En el título I se plasma una de las ideas claves que han inspirado la redacción de la ley, como es la coordinación y la colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el único objetivo de mejorar la seguridad pública, mediante el intercambio de información siempre con todas las garantías legales, y la apuesta decidida por unos órganos de encuentro que han de ser mucho más proactivos que hasta el momento.
 
En el título II se da rango legal a algunos preceptos dedicados a la regulación de empresas de seguridad y despachos de detectives, o a los registros de ambos, que se unifican en el nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada.
 
Además, se regula un sistema flexible que permitirá, cuando sea necesario por razón de las instalaciones vigiladas, aumentar los requisitos de las empresas, o reducirlos por razón de la actividad desempeñada.
 
En línea con el favorecimiento de la actividad económica, la ley sustituye el sistema más gravoso de la autorización administrativa por el de la declaración responsable para los centros de formación de personal de seguridad privada, los despachos de detectives privados y las empresas de instalación y mantenimiento.
 
En el título III se regulan cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, donde no tenían correcta ubicación, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal de seguridad, ya que la Ley 23/1992, de 30 de julio, tan sólo se ocupaba de las funciones de los vigilantes de seguridad y de los detectives privados.
 
La ley modifica el nombre de los guardas particulares del campo, para configurarlos, más adecuadamente, como guardas rurales.
 
Por otra parte, se resuelve el problema del requisito de la nacionalidad española o de un Estado de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para poder acceder a las profesiones de seguridad, que ahora se ampía a los nacionales de terceros Estados que tengan suscrito con España un convenio internacional en el que se contemple tal posibilidad a los nacionales de ambos Estados.
 
Otras de las novedades que se incorporan en materia de personal, largamente demandadas por el sector, son la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a todo tipo de agresiones o desobediencias que puedan sufrir en el desempeño de su actividad.
 
Además de eliminar el inadecuado y distorsionador período de inactividad, que tantas dificultades y problemas ha supuesto para la normal reincorporación al sector del personal de seguridad privada, en la formación del personal, junto al actual sistema de acceso a la profesión a través exclusivamente del Ministerio del Interior, se da cabida a otras posibilidades de acceso mediante el sistema que determine el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una formación profesional reglada o de grado universitario para el acceso a las diferentes profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 
En el título IV se regulan por primera vez en una norma de rango legal y de forma armónica las medidas de seguridad, así como la especificación de la forma de prestación de los principales servicios de seguridad (vigilancia y protección, protección personal, depósitos y transportes de seguridad, e investigación privada), dotando de concreción a otros importantes servicios para los que la Ley 23/1992, de 30 de julio, y su reglamento de desarrollo no contienen más que referencias aisladas (verificación y respuesta ante alarmas, instalación y mantenimiento de sistemas), o no contienen regulación alguna, como sucede con la videovigilancia en el ámbito de la seguridad privada, en cumplimiento del mandato contenido en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, de utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
 
En este título resulta especialmente relevante la regulación de los servicios de videovigilancia y de investigación privada, ya que se trata de servicios que potencialmente pueden incidir de forma directa en la esfera de la intimidad de los ciudadanos. En el segundo caso, desde el ánimo de compaginar los diversos intereses en juego, se abordan cuestiones tan delicadas como la legitimidad del encargo, el contenido del informe de investigación o el deber de reserva profesional.
 
En el título V se recogen, también por vez primera en sede legal, las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad, así como la obligación de colaboración por parte de los afectados. Especialmente relevante es la incorporación de un precepto que regula las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales, cuando en el marco de una inspección lo consideren absolutamente necesario, quedando en todo caso sujetas a ratificación por la autoridad competente. Igualmente, se limita, por razón de la intimidad de los datos, el acceso al contenido de los informes de investigación privada en las inspecciones policiales a la mera constatación de su existencia, salvo que medien investigaciones policiales o judiciales o procedimientos sancionadores.
 
En el título VI se da solución a algunas de las principales carencias de la anterior legislación referidas al régimen sancionador. Así, se contemplan con la debida separación las infracciones que pueden ser cometidas por las entidades, el personal o los usuarios de seguridad privada, incluyendo, junto a estos últimos, a los centros de formación en la materia.
 
Se hace especial hincapié en la regulación de todas aquellas conductas infractoras que tengan por objeto evitar el intrusismo ya sea realizado por empresas de seguridad, por personal no habilitado, por empresas de servicios que desarrollan actividades materialmente de seguridad privada o por los propios usuarios contratantes.
 
A este respecto, es importante destacar el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a la graduación de las infracciones y a los criterios para determinar la imposición de las correspondientes sanciones, con el objetivo básico de garantizar la mayor individualización de aquéllas.
 
Por último, en la parte final, el texto contempla aquellas disposiciones necesarias para garantizar una transición correcta desde la Ley 23/1992, de 30 de julio, a la nueva legislación, sobre todo hasta que ésta sea objeto del correspondiente desarrollo reglamentario.
 
 


Fuente: SEGURPRI Monográfico Nº21
Fecha: 2013-06-21

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Francisco Rozados “Rochi” lo define como “una alternativa” para las elecciones de 2015

 

 

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FORCAREI

El Ministerio del Interior inscribe a Foro Forcarei en el registro de partidos políticos

Francisco Rozados “Rochi” lo define como “una alternativa” para las elecciones de 2015

redacción 16.06.2013 | 10:42

Francisco Rozados. // Bernabé /LM

Francisco Rozados. // Bernabé /LM

El Ministerio del Interior acaba de inscribir a Foro Forcarei en el registro de partidos políticos. Así se lo confirmó a su líder, el exteniente de alcalde Francisco Rozados “Rochi”, que el pasado mes de abril confirmó que acababa de fundar con otros 24 forcaricenses un nuevo partido de orientación exclusivamente local con el que pretende concurrir a los comicios municipales de 2015.

“Somos una nueva alternativa para cuando se convoquen las elecciones de mayo de 2015”, proclamó ayer “Rochi”, indicando que, si bien esta nueva fuerza política no tiene presencia oficial ni institucional por el momento, sí que existe ya “constancia oficial” de su existencia mediante unos “estatutos visados y sellados por el Ministerio del Interior”.

La nueva fuerza política ya dispone, además, de un logo que, sobre fondo verde, enlaza la segunda O de Foro con la C de Forcarei. Sigue teniendo los mismos apoyos que reunió en sus inicios. A este respecto, cabe recordar que, aunque niega ser una escisión del PP, engloba nombres que figuraron en listas de l fallecido alcalde David Raposeiras en las que “Rochi” era número 2. Entre quienes le respaldan figuran al menos 2 -además de “Rochi”H que fueron ediles del PP y otros que son del ámbito de “Rochi” y de Raposeiras.

El líder de Foro Forcarei explicó que todavía no ha emprendido una campaña de captación de nuevos afiliados. Esta es una “fase inicial” a la seguirá otra en la que el nuevo partido ya tendrá página web para establecer contacto y darse de alta en la formación. La presentación oficial del partido se demorará hasta finales de 2014. Cuidando los tiempos, “Rochi” no quiere presentarlo antes porque está convencido de que “la memoria es muy frágil”.

Foro Forcarei, el partido que lidera Francisco Rozados Rochi, concurrirá finalmente en solitario a las elecciones de mayo. El objetivo, «traer de volta o sentido común e da responsabilidade» al municipio, después de unas fallidas conversaciones con el BNG en el que más allá de las discrepancias programáticas apuntadas en público para la ruptura de negociaciones, otras fuentes apuntan ciertas reticencias en la formación nacionalista a que Rochi ?que fue teniente de alcalde con el PP? figurase como cabeza de cartel.

Rozados encabezará la lista de Foro Forcarei, y estará secundado en los dos siguientes puestos por dos mujeres: el número dos será para María Abilleira, maestra que ejerce en Forcarei, mientras en el tres se perfila Esperanza Cachafeiro, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas que vive en Cobas, en Forcarei.

Por su parte, desde el BNG forcaricense indicaban ayer que continúan trabajando para la presentación de lista en el municipio en las próximas elecciones, frente a fuentes que aventuran que el Bloque no llegará a formar candidatura para mayo.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asiste al acto de entrega de los premios de la Fundación MAPFRE 2012

CONVOCATORIA DE PRENSA: El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asiste al acto de entrega de los premios de la Fundación MAPFRE 2012

22 / 05 / 2013 Madrid
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asiste hoy jueves, 23 de mayo, a las 12:00 horas, al acto de entrega de los premios de la Fundación MAPFRE 2012.
Este acto estará presidido por Su Majestad La Reina Doña Sofía y se celebrará en el Centro de Formación de MAPFRE, Campus Monte del Pilar, en el Plantío (Madrid).

Día:     
Jueves, 23 de mayo de 2013
Hora: 
12:00 horas
Lugar:
Centro de Formación MAPFRE
Campus Monte del Pilar
El Plantío (Madrid)
(Ver plano de acceso)

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asiste al acto de entrega de los premios de la Fundación

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Dos españoles, asesinados en Sinaloa

Dos españoles, asesinados en Sinaloa

Día 11/05/2013 – 21.57h

Según el diario «Reforma», que cita fuentes extraoficiales, las víctimas son José Montoya Losada, de 50 años, y Fernando Carmona Romero, de 58, con residencia en España

Dos empresarios de origen español fueron encontrados muertos dentro de un vehículo de alquiler sumergido en un canal de riego conocido como Humaya en la localidad de Villa López Mateos, cerca de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa. Según el diario «Reforma», que cita fuentes extraoficiales, las víctimas son José Montoya Losada, de 50 años, y Fernando Carmona Romero, de 58, con residencia en España.
Los cadáveres estaban esposados y presentaban impactos de bala. Los dos hombres, que al parecer seguían una ruta gastronómica por varias poblaciones de Sinaloa, habían sido reportados como desaparecidos la pasada semana, detalla «El Universal».
El pasado mes de febrero, seis turistas españolas fueron violadas en un bungaló a las afueras de Acapulco. El caso levantó tal polvareda que todos los poderes del país se involucraron en su resolución, la cual llegaría apenas dos semanas más tarde con la detención de seis individuos confesos.
En enero último, dos hermanos españoles fueron secuestrados en Morelia (Michoacán), cuando pasaban las fiestas navideñas junto a sus familias. Los dos españoles fueron asaltados a las puertas de un centro comercial por varios sujetos armados. Ambos aparecieron días después en Querétaro, tras haber sufrido una paliza. En los últimos años, el peor momento para la colonia española se vivió en la primavera de 2004, cuando ocho empresarios españoles radicados en México fueron secuestrados, resultando asesinados cinco de ellos.
Sinaloa es uno de los estados más conflictivos del país, sede del cártel del mismo nombre que encabeza Joaquín «El Chapo» Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, en sus recomendaciones de viaje para México, solicita evitar las zonas limítrofes y de montaña (Sierra Madre Occidental) de los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.
Actualizadas el pasado jueves, Exteriores sugiere además no acercarse a puntos de alto riesgo como Ciudad Juárez, el Valle del Río Bravo, la frontera entre Texas y Tamaulipas, varios municipios del área metropolitana de Monterrey, zonas rurales de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango y Sonora, y extremar las precauciones en Michoacán, Veracruz y Guerrero. Como de riesgo medio se consideran los estados de Morelos y Zacatecas.

Asesinan a dos turistas españoles en Sinaloa

Habían sido reportados como desaparecidos hace varios días mientras seguían una ruta gastronómica por esta entidad; se habla de que las víctimas serían turistas o empresarios

En el interior de un vehículo con placas del estado de Jalisco que fue arrojado a las aguas del canal Humaya, en la sindicatura de Villa López Mateos, fueron localizados los cadáveres, con las manos esposadas a la espalda, de dos turistas de origen español.
La Policía Municipal de Culiacán reportó el hallazgo de la unidad matricula JFX 2946, propiedad de una empresa arrendadora, en las aguas del canal hidráulico que desemboca en el dique Mariquita, en la salida norte de la ciudad.
El personal que rescató la unidad descubrió que en el asiento trasero del auto se encontraban los cuerpos de José Montoya Lozada y Fernando N, ciudadanos de origen español, los cuales habían sido reportados como desaparecidos desde hace varios días.
Según las primeras indagaciones, los turistas españoles seguían una ruta gastronómica por varias poblaciones de Sinaloa cuando desaparecieron.

Video informativo: Internacionalización, liderazgo y seguridad de Empresas. Julian Flores Garcia
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30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

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