El próximo 19 de septiembre termina el plazo abierto hace un año para que las víctimas del terrorismo puedan solicitar al Ministerio del Interior

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El 19 de septiembre termina el plazo para que las víctimas del terrorismo soliciten el abono de indemnizaciones

Ministerio del Interior

Madrid, 06/09/2014

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El 19 de septiembre termina el plazo para que las víctimas del terrorismo soliciten el abono de indemnizaciones

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El 19 de septiembre termina el plazo para que las víctimas del terrorismo soliciten el abono de indemnizaciones

El Ministerio del Interior informa de la finalización del plazo, que se abrió hace un año, para que todas las víctimas del terrorismo perciban la indemnización que les corresponde

Se abonarán las indemnizaciones por daños personales en aquellos casos en que las víctimas hubieran percibido cantidades inferiores a las establecidas actualmente

Las solicitudes deberán dirigirse a la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana del Ministerio del Interior (C/ Amador de los Ríos, 8)

Los formularios de petición se encuentran publicados en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es ) y en la sede electrónica del citado Departamento ministerial: https://sede.mir.gob.es

Los interesados podrán contactar con la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana del Ministerio del Interior, en los siguientes teléfonos: 91 537 24 21 / 91 537 24 61.

El próximo 19 de septiembre termina el plazo abierto hace un año para que las víctimas del terrorismo puedan solicitar al Ministerio del Interior, en concreto a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, el abono de las indemnizaciones por daños personales en el caso de que hubieran percibido cantidades inferiores a las establecidas actualmente. También podrán hacerlo, las víctimas del terrorismo que nunca han sido indemnizadas teniendo derecho a ello.

El Ministerio del Interior informa de la finalización de este plazo, que se abrió el septiembre del año pasado, para que ninguna víctima del terrorismo se quede sin percibir la indemnización que le corresponde.

Los nuevos baremos de referencia son los siguientes:

• 250.000 euros por fallecimiento

• 500.000 euros por gran invalidez

• 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta

• 100.000 euros por incapacidad permanente total

• 75.000 euros por incapacidad permanente parcial

• Las cantidades fijadas en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de los Vehículos a Motor y legislación de Seguridad Social sobre cuantías de las indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas y no invalidantes, causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, para los supuestos de lesiones permanentes no invalidantes.

• IPREM/día x 2, hasta el límite de 18 mensualidades, por incapacidad temporal

• IPREM/día x 3, hasta el límite de la incapacidad permanente parcial (75.000 euros), por secuestro.

El 22 de septiembre de 2011 se aprobó una nueva normativa en materia de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, por un amplio consenso de las Cortes Generales, como signo de reconocimiento, respeto y solidaridad con este colectivo, inspirada en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad, así como el de igualdad.

Los motivos que inspiraron la aprobación de esta nueva Ley de víctimas del terrorismo fueron, entre otros, otorgar una mayor equidad en las indemnizaciones económicas concedidas a estas víctimas, fijando nuevas cuantías por cada contingencia (fallecimiento, incapacidades permanentes, lesiones no invalidantes, etc.), al tiempo que incorporaba nuevos supuestos no contemplados ni protegidos con anterioridad, ampliando su cobertura a acciones terroristas acaecidas desde el 1 de enero de 1960.

Para poder solicitar al Ministerio del Interior el abono de las indemnizaciones por daños personales, en aquellos casos en que las víctimas hubieran percibido cantidades inferiores a las establecidas actualmente, se concedió un plazo que finaliza el próximo día 19 de septiembre de 2014.

Ese mismo día finaliza, igualmente, el plazo para solicitar las indemnizaciones por daños materiales derivados de actos terroristas ocurridos desde el 1 de enero de 1960, cuando los mismos no hubieran podido ser indemnizados en su día por no estar previstos en el ordenamiento jurídico.

Todas aquellas personas que hayan sufrido la acción terrorista y que estén interesadas en obtener las indemnizaciones procedentes deberán dirigir las solicitudes a la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana del Ministerio del Interior (calle Amador de los Ríos, 8. 28071 Madrid), utilizando los formularios contenidos en el Anexo del Reglamento aprobado por Real Decreto 671/2013 (publicados en el Boletín Oficial del Estado el 19 de septiembre de 2013) y que, asimismo, se encuentran publicados en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es) y en la sede electrónica del citado Departamento ministerial: https://sede.mir.gob.es

Para más información, los interesados podrán contactar con la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana del Ministerio del Interior, en los siguientes teléfonos: 91 537 24 21 / 91 537 24 61.

DOCUMENTOS

Anuncio del plazo para solicitar las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo

Francisco Martínez, en la clausura del seminario ‘El impacto de la ciberseguridad en los negocios organizado por Next International Business School y S21sec, multinacional especializada en servicios y tecnología de seguridad ‘

Francisco Martínez: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cobran un especial valor para toda nuestra sociedad en el ámbito de la ciberseguridad”

25 / 09 / 2013 Madrid

El secretario de Estado de Seguridad ha subrayado la necesidad de “impulsar actividades de sensibilización sobre los riesgos en el ciberespacio para que los ciudadanos y empresas conozcan las amenazas, las vulnerabilidades y puedan tomar medidas para protegerse mejor”

Intervención del secretario de Estado de Seguridad “Ciberseguridad pública”

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha clausurado este mediodía el seminario “El impacto de la ciberseguridad en los negocios” organizado por Next International Business School y S21sec, multinacional especializada en servicios y tecnología de seguridad.

Durante la jornada, que ha tenido lugar en el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, han compartido sus experiencias empresarios pioneros en la incorporación de las nuevas tecnologías y servicios de protección, y se ha introducido a los asistentes en los nuevos perfiles profesionales especializados en la materia.

La ponencia del secretario de Estado de Seguridad, titulada “Ciberseguridad pública”, tenía como objetivo explicar “cuál es el rol del Estado en la provisión de seguridad en el cibersespacio”. En este sentido, Francisco Martínez ha recordado que la Constitución española encomienda al Estado, asistido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la salvaguardia del libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana. “Ese mandato se extiende, claro está, al ciberespacio”, ha señalado.

“Ante los riesgos securitarios en el ciberespacio”, ha destacado el secretario de Estado de Seguridad, “es preciso adoptar una batería de acciones que resumiré en cuatro: primero, capacidad de prevención, detección y respuesta; segundo, lucha contra el ciberterrorismo y protección de las infraestructuras críticas; tercero, lucha contra el cibercrimen; y cuarto, la protección en la red de los grupos más vulnerables”.

En cuanto al primer bloque de medidas, Francisco Martínez ha subrayado que “dado que gran parte de la vida social y económica de nuestros tiempos se desarrolla en el ciberespacio o está expuesta a lo que en él ocurre, es especialmente importante prevenir amenazas, detectar de dónde provienen y darles una respuesta adecuada que sirva de castigo y disuasión futura”. Para ello, las Administraciones Públicas españolas se han dotado de distintos CERTs (Computer Emergency Readiness Teams o Equipos de Respuesta para Emergencias Informáticas), de los que el secretario de Estado de Seguridad ha destacado cuatro: el del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, “que da respuesta nacional a las amenazas que afecten a las administraciones públicas o empresas estratégicas”; el del INTECO en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, “especialmente orientado a asistir a empresas y ciudadanos”; el CERT-FAS; y por último el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En lo relativo a la lucha contra el ciberterrorismo y la protección de infraestructuras críticas, Francisco Martínez ha subrayado que “es de vital importancia para la seguridad de cualquier país aumentar la resiliencia de sus infraestructuras críticas para evitar una potencial alteración del funcionamiento normal de sus servicios esenciales”. En lo que respecta a España, el CNPIC “trabaja en estrecha colaboración con los operadores de tales infraestructuras para desarrollar programas que fortalezcan la seguridad tanto en el ámbito físico como en el tecnológico”.

Para la lucha contra el crimen organizado en la red, o ciberdelincuencia, “España cuenta con equipo especializados y personal altamente cualificado de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía”, ha explicado el secretario de Estado de Seguridad.

Por último, Francisco Martínez se ha referido a la protección de los grupos más vulnerables, “una función que compete muy especialmente al Estado en la provisión de eso que podríamos llamar ciberseguridad pública”, ha señalado; “se trata de proteger a los grupos más vulnerables en la red. Además de una lucha continua y creciente contra la pornografía infantil, la Policía y la Guardia Civil reciben numerosas demandas o quejas por grooming (acoso sexual), cyberbulling (acoso y vejación), captación de menores por parte de pederastas en las redes sociales o publicación incontrolada de datos personales”. “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en este ámbito cobran un especial valor para toda nuestra sociedad”.

El secretario de Estado de Seguridad ha destacado la importancia de la cooperación internacional y la colaboración público-privada en el ámbito de la ciberseguridad. “Ante amenazas de carácter internacional en un ciberespacio global, es imprescindible reforzar la cooperación internacional”, ha subrayado; “España tiene un firme y largo compromiso con la seguridad internacional, compromiso que se extiende a la seguridad del ciberespacio”. Por otro lado, ha explicado, “la colaboración público-privada tiene que ver más con encontrar juntos soluciones tecnológicas y canales de cooperación”. No en vano, señalaba Martínez, “las soluciones innovadoras y duraderas de ciberseguridad son fruto de una estrecha colaboración entre universidades, centros de investigación, empresas y el sector público”.

El secretario de Estado de Seguridad ha finalizado su intervención en el seminario recalcando la “necesidad de fomentar una cultura de ciberseguridad: hacer a los ciudadanos corresponsables de su propia seguridad también en el ciberespacio”. “Hay que impulsar actividades de sensibilización sobre los riesgos en el ciberespacio para que los ciudadanos y empresas conozcan las amenazas, las vulnerabilidades y puedan tomar medidas para protegerse mejor”, ha concluido.


Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (VII)

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Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (VII)

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I Jornadas sobre Custodia Compartida en España, organizadas por la Universidad de Granada.

¿Con mamá y/o con papá?

familiaLa pasada semana tuve el honor de participar en las I Jornadas sobre Custodia Compartida en España, organizadas por la Universidad de Granada.
Mi intervención tuvo lugar en la mesa de partidos políticos, en la que se nos pedía explicar con claridad y precisión el posicionamiento de cada formación (allí estábamos PP, PSOE, IU y UPyD) respecto a la custodia compartida. Algo que algunos hicimos, y otros no.
Tal y como nos pidieron en el acto, haré una pequeña introducción sobre cuál es la situación actual y qué significa “custodia compartida”.
Situación actual.
Como es sabido, en la actualidad se separan/divorcian más de 100.000 parejas al año. En muchos casos existen menores afectados por estas rupturas, cuya custodia acaba siendo una de las cuestiones más delicadas por las consecuencias que se erivan de la misma. Entendamos por custodia el cuidado de los hijos que, normalmente, ha venido desempeñándose por ambos progenitores hasta que se produce la ruptura.
La respuesta que da la Ley a esta situación se contiene en el art. 92 del Código Civil, que establece expresamente lo siguiente:
Excepcionalmente (…) el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorabledel Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándolaen que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor”.
Esta es la redacción actual del artículo, tras la modificación introducida por el artículo primero de la Ley 15/2005, de 8 de julio, aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
He subrayado lo que entiendo que es fundamental en este artículo para entender cómo se regula la custodia compartida como una situación “excepcional” que exige el cumplimiento de diversos requisitos:
1º. Que se solicite a instancia de una de las partes (no es el Juez quien, de oficio, puede considerarlo),
2º. Que el Fiscal emita “informe favorable” a la medida, si bien el inciso «favorable» ha sido declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) de 17 de octubre de 2012.
3º Y que la decisión de adoptar esta medida “excepcional” sea fundamentada.
En síntesis, la regulación actual contempla la custodia compartida (recordemos, el cuidado de los hijos por ambos progenitores) como una situación excepcional -a pesar de que es el régimen que, normalmente, venían disfrutando los hijos- frente a la custodia monoparental (esto es, la ejercida por uno de los progenitores, relegando al otro progenitor a meras visitas y estancias de fin de semana), que es la que se viene concediendo normalmente en favor de la madre. Visto desde los ojos de los hijos, la ruptura de la relación entre sus padres supone -con la Ley actual- la ruptura efectiva de la relación diaria con uno de ellos -normalmente el padre- por razones que no alcanza a entender.
Los datos son contundentes. Según datos del INE de 2010, el 85% de las custodias se conceden en exclusiva a las madres frente al 5% que se conceden a los padres; y sólo un 10% se conceden en régimen de custodia compartida.
Posición de los partidos clásicos.
El primero en intervenir fue el Partido Popular (Senador Manuel Altava). Sólo unas horas antes, el ministro Gallardón había anunciado que el régimen de custodia compartida que está regulando el PP sería “en régimen de igualdad” respecto a la custodia monoparental. Un paso en la dirección correcta, sin duda, pero ¿es suficiente?
Es un paso en la dirección correcta por cuanto elimina trabas para acordarla (deja de ser un supuesto excepcional) pero sigue sin favorecer la adopción de un régimen de custodia que, no lo olvidemos, es el que más se asemeja al que venían disfrutando los niños hasta el momento de la ruptura entre sus padres: la custodia compartida. Y no es un problema baladí: la preferencia legislativa por un régimen de custodia determina, en gran medida, el régimen en que quedan los menores durante el período que media entre el momento en que se acuerdan las medidas provisionales (generalmente pocas semanas después de la ruptura) y el momento en que se dicta la sentencia definitiva (a menudo, un año más tarde).
Le siguió el Partido Socialista (Concejala de Granada, María Escudero), quien sorprendió a los asistentes afirmando que se trata de un problema minoritario, alentado por unos cuantos “ruidosos” y que, en todo caso, la custodia compartida ya está regulada “gracias a Zapatero”. Me parece despectivo hacia los asistentes, pero tampoco esperaba mucho más de esta intervención. En definitiva, desde el PSOE, más allá de alguna que otra crítica al resto de la mesa, la posición manifestada era la de mantener el régimen actual, ya explicado.
Por parte de Izquierda Unida intervino una ponente (“representante” de IU, Pilar García Correas) que centró su intervención en una crítica desmedida y sangrienta hacia terceros que ni siquiera estaban presentes, con un ataque feroz hacia UPyD rebajado hasta los niveles más despreciables en referencias personales hacia nuestro Diputado Toni Cantó. En lo que nos ocupa, IU no explicó su posicionamiento y quedó en evidencia cuando se le reprochó su “pluriposicionamiento”:
– Defendía la custodia compartida preferente en su programa electoral de 2008 (pág 104): “… establecer como modelo general y preferente la custodia compartida de los hijos ejercida de forma alterna”, de lo que se hizo eco la prensa.
– En Valencia votó en contra del modelo de custodia compartida preferente, alegando precisamente eso, que era “preferente”.
– En Navarra, sin embargo, propusieron una Ley Foral en favor de la custodia compartida preferente, sí, preferente.
– Y en Aragón, no gustaba la “preferencia” y, de nuevo, votaron en contra.
En fin, es la manera de hacer de IU, que cambia su mensaje según el viento que sople, y es incapaz de mantener un discurso razonable y coherente sobre un tema de máximo interés, como éste.
Preferencia vs. imposición.
Uno de los puntos que suscitó mayor interés fue el de la distintión entre custodia compartida preferente y custodia compartida impuesta. Es común la confusión interesada y demagógica entre ambos conceptos, y debe decirse que ninguno de los partidos presentes en la mesa defienden una custodia compartida impuesta. Y hago esta aclaración porque cuando se defiende la custodia compartida preferente (como hacemos desde UPyD) el discurso interesado de quienes procuran distorsionar el mensaje tiende a decir que UPyD quiere “imponer” la custodia compartida. Y esto no es así.
UPyD y la custodia compartida.
UPyD siempre ha defendido el modelo de custodia compartida como régimen preferente en los casos de rupturas con hijos, por el interés superior del menor.
En junio de 2012 UPyD presentó una moción instando al ejecutivo a preparar un proyecto de Ley de Custodia Compartida en el plazo de 6 meses, que fue rechazado por PSOE e IU, entre otros.
La moción instaba al Gobierno a preparar la Ley antes de finales de 2012 (aún hoy seguimos sin Ley) y plantea la PREFERENCIA del régimen de custodia compartida, petición que parece el Gobierno no va a atender, aunque en esta línea se ha manifestado la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que parte de que la guarda y custodia compartida debe ser la regla general siempre que no resulte perjudicial para el menor y dice que así es como debe interpretarse el Código Civil, pues considera que “el mantenimiento de la potestad conjunta resulta sin duda la mejor solución para el menor en cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres”.
El pasado mes de abril UPyD pidió explicaciones al ministro, y por el momento sólo sabemos que está “dando retoques” a la Ley.
Desde UPyD seguimos exigiendo una Ley Nacional de Custodia Compartida como opción preferente en el conjunto del Estado, evitando el actual panorama de distintos regímenes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y resto del Estado. Debe primar el interés superior del menor. Apostamos por lacoparentalidad y por la creación de una jurisdicción de persona, familia, incapacidades y tutela (tal y como propuso el III encuentro de jueces, magistrados y abogados de familia, mesa 5ª). Creemos en la igualdad de hombres y mujeres y en la necesidad de superar roles sexistas.
Y estamos tan convencidos de ello, que incluso hemos asumido el compromiso de incluir la regulación de la custodia compartida preferente como condición de futuros pactos de gobierno.
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Una figura de la extrema derecha francesa se suicida en la catedral de París

Una figura de la extrema derecha francesa se suicida en la catedral de París

  • Dominique Venner era autor de referencia de los ultraconservadores

RTVE.es 21.05.2013Una de las figuras de la extrema derecha francesa se ha suicidado con un arma de fuego en la catedral de Notre-Dame de París, según fuentes policiales.
El hombre, Dominique Venner, ensayista ultraconservador de 78 años, denunció unas horas antes en su blog la “ley infame” que autoriza el matrimonio a las parejas homosexuales, recién promulgada en Francia.
Según los primeros elementos de la investigación, el ensayista se suicidó delante del altar con una pistola este martes por la tarde. La iglesia, uno de los grandes monumentos turísticos de la capital francesa y en pleno centro de la ciudad, ha sido evacuada sin incidentes, según fuentes policiales citadas por AFP.
Según la agencia de información francesa, Venner era un militante de la extrema derecha desde hace 50 años. En un artículo publicado este mismo martes, había reiterado su rechazo a la ley que autoriza el matrimonio homosexual, que se promulgó este sábado tras meses de debates en el Parlamento (que la aprobó hace unas semanas) y grandes manifestaciones a favor y sobre todo en contra, estas últimas con participación de la ultraderecha.
El ministro del Interior, Manuel Valls, se desplazó hasta el lugar de los hechos y calificó lo ocurrido como “drama sin precedentes”, aunque no quiso hacer una lectura política. Por su parte, la líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, ha mostrado “todo el respecto” al “acto eminentemente político” llevado a cabo por Venner destinado a “despertar al pueblo de Francia”.

Sigue el debate en las calles

Francia se ha convertido en el 14º país que aprueba el matrimonio homosexual. Con motivo del día contra la homofobia, celebrado el pasado viernes, organizaciones internacionales denunciaron que las relaciones homosexuales aún están perseguidas en el 40% de los países del mundo.
En su escrito, decía que no había que “limitarse al rechazo”. “Harían falta nuevos gestos, espectaculares, simbólicos, para remover las conciencias anestesiadas y revivir la memoria de nuestros ancestros”. Monseñor Patrick Jacquin, dean de la catedral, ha precisado a AFP que el suicida llevaba consigo una nota que ha quedado en manos de la policía y que podría explicar sus motivos.
Todas las misas han sido anuladas hasta casi el anochecer, cuando estaba prevista una “vigilia por la vida” con los obispos de la región parisina. “Vamos a rezar por este hombre y por tantos otros que no pueden más”, ha dicho Jacquin a esa misma agencia.
También estaba prevista para esta noche un gran concierto gratuito en la plaza de la Bastilla en apoyo a la legalización del matrimonio homosexual, informa Efe.

HIstórico militante

Venner era una figura eminente de la extrema derecha francesa. En su día estuvo a punto de ocupar la presidencia del Frente Nacional, que finalmente recayó en Jean-Marie Le Pen, padre de la actual líder, informa la misma agencia.
Enrolado en la guerra de Argelia, tras el final de la contienda escribió el ensayo Pour une critique positive, que se convirtió en un texto fundamental de la extrema derecha francesa en los años 60. En los últimos años dirigía publicaciones históricas extremistas y tomaba posiciones radicales sobre diversos asuntos, como la inmigración.
Aficionado a las armas, escribió un tratado sobre las mismas y, con una de ellas se ha acabado quitando la vida en uno de los sitios turísticos más visitados de su país.

Notre Dame, cuyo 850 aniversario se conmemora este 2013, ha sido durante siglos uno de los lugares favoritos para los suicidas al igual que la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo, según Efe.

Se trata del segundo suicidio en París en un lugar público en pocos días. El 16 de mayo, un hombre se suicidó en el vestíbulo de una escuela primaria con un arma sin motivos políticos conocidos.

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Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (V):En la presente entrega se analizan los títulos I y II del anteproyecto.

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (V)






NOTA: En la presente entrega se analizan los títulos I y II del anteproyecto.
ALEGACIONES AL TÍTULO I
FUNDAMENTO
Se vuelve a reiterar la “inexistencia” de los departamentos de seguridad para el anteproyecto. El artículo 14 parece muy claro y tendente a que exista una relación fluida entre las seguridades privada y pública, pero lo que no parece tan claro es el procedimiento, concretamente el expresado en el apartado 2, que recoge que “las empresas y el personal de seguridad privada deberán comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes …”, en donde parece existir una prelación en su relación con las FCS y que podría conllevar a errores de bulto en la seguridad de una instalación.
¿Sería admisible que el jefe de turno de una empresa de seguridad que presta servicios en una instalación que cuenta con departamento de seguridad, se comunicara directamente con las FCS, o lo lógico es que se comunique al departamento y que éste enlace con las FCS? En el reglamento de Seguridad Privada actualmente vigente, que en realidad podría considerarse una norma reglamentaria que desarrolla las leyes Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y ordinaría de Seguridad privada, indica lo contrario en sus artículos 66, 95, 96, 97, 98, 116 y 117.
A lo largo de todo el anteproyecto se habla de “empresas”, que se refiere a las de seguridad y de “personal de seguridad privada”, el cual, según la definición del artículo 2 son las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación, desarrollan funciones de seguridad privada, con lo cual el llamado “usuario” de la seguridad no tiene nada que opinar en este tema, ni comunicar nada, lo cual entra en clara contradicción con la ley de Infraestructuras Críticas, en la cual la relación con la seguridad pública se realiza a través de los Responsables de Seguridad y Enlace (Departamento de Seguridad) y de los Delegados de Seguridad, que son orgánicos de los operadores críticos.
El anteproyecto emplea indistintamente los conceptos “empresas”, “personal de seguridad privada”, “servicios de seguridad privada” y otros, sin llegar a alcanzar al lector del texto si se está refiriendo a los definidos en el artículo 2. Por ejemplo en el artículo 16.1 se pretende coordinar los servicios de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando en buena lógica lo que deben de coordinarse son con los servicios de las FCS.
PROPUESTA
Eliminar la expresión “las empresas y el personal de seguridad privada” y sustituirlo por Seguridad privada, de esta forma el apartado 1 quedaría La especial obligación de colaboración entre la Seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad … El apartado 2 La Seguridad privada deberá comunicar, por sus cauces jerárquicos, o directamente el personal que lo detecte en caso de urgencia, cualesquiera … El 3. Debería quedar Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán facilitar a la Seguridad privada, en el ejercicio de sus funciones, …
ALEGACIONES AL TÍTULO II
FUNDAMENTOS
El propio título ya es de por sí desconcertante, parece como si nada más que existieran para el anteproyecto, las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados.
Ha parecido olvidar el equipo redactor del anteproyecto que existen miles de departamentos de seguridad en, también miles, empresas españolas no de seguridad. Puedo indicar con seguridad que son miles, porque a lo largo de muchos años de formación, han pasado por las aulas en donde impartí, junto con un buen número de profesionales/profesores, de Belt Ibérica, S.A. y sucesivamente la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio de Nebrija, Europea de Madrid y en la actualidad Camilo José Cela, alrededor de dos mil quinientos alumnos, que tras obtener el diploma acreditativo de haber superado el curso/master, lo homologaron en el ministerio del Interior para obtener el título de “Director de Seguridad”.
Es seguro que existen más departamentos de seguridad en España que despachos de detectives privados y sin embargo ni se tiene en cuenta este aserto, con el agravante que más del 95% de la seguridad privada está regida por directores de seguridad a través de sus correspondientes departamentos de seguridad.
En el artículo 19, al relacionar los requisitos generales que tienen que disponer las empresas de seguridad, incide en la protección de las Infraestructuras Críticas, cuando precisamente por la propia Ley 8/2011, son los Responsables de Seguridad y Enlace (Directores de Seguridad/Departamentos de Seguridad) los que tienen, y valga la repetición, la responsabilidad en la seguridad tanto del operador crítico como en las diversas instalaciones del mismo.
Los artículos 20 y 24 del anteproyecto exigen la inscripción registral de las empresas de seguridad y los despachos de detectives privados, sin mencionar para nada a los departamentos de seguridad. Sin embargo en los artículos 95 y siguientes del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por R.D. 2364/1994, de 9 de diciembre, aunque con múltiples modificaciones, entre ellos los artículos mencionados, exige departamentos de seguridad en empresas y organizaciones por disposición general o decisión gubernativa, y en las que sin estar obligadas legalmente, deseen crear su propio departamento de seguridad, deben comunicarlo a la autoridad gubernativa, es decir, el Reglamento, está reconociendo la existencia de un registro de departamentos de seguridad.
El hecho que se pretenda desarrollar todo lo concerniente a los departamentos de seguridad a la vía reglamentaria, no deja de sorprender, cuando como se ha expuesto anteriormente el 95% de la seguridad privada recae sobre ellos, siendo las empresas de seguridad privada meros ejecutores de sus órdenes y consignas, en lo que respecta a su propia empresa usuaria de seguridad privada.
PROPUESTA
Denominar al título II: Departamentos de seguridad, empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados.
Dedicar el Capítulo I a los Departamentos de seguridad, el II a las empresas de seguridad y el III a los despachos de detectives privados.
Continuará…..




Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad

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La Guardia Civil "cierra" aldea del Rocío para la celebración de la romería

El Rocío (Huelva), 16 may (EFE).- La Guardia Civil ha procedido a las 23:00 horas a lo que se conoce como “cerramiento” de la aldea de El Rocío a vehículos de tracción mecánica, para la celebración de la Romería de 2013, cuyos actos darán comienzo mañana por la tarde.
Este servicio, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en un comunicado, finalizará a las 16:00 horas del lunes 20 de mayo y se enmarca dentro de las tareas que la Guardia Civil tiene encomendadas en el Plan Romero, dispositivo coordinado por la Junta de Andalucía que moviliza a 6.000 efectivos para velar por la seguridad y el buen discurrir de la peregrinación y la romería.
La Guardia Civil ha movilizado para la Romería del Rocío en el marco del Plan Romero a 2.800 efectivos, de los que 530 forman parte del Plan Aldea, dispositivo específico incluido en el anterior que se centra únicamente en este emplazamiento, donde tienen lugar los actos religiosos y la procesión de la Virgen, el próximo lunes. EFE

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