La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada ;(BOE núm. 83, de 5 de abril).  vía @careonsafety @segurpricat

 

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  • Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE núm. 77, de 31 de marzo).
  • Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE núm. 83, de 5 de abril).
  • Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado –disposición adicional cuarta(BOE núm. 90, de 15 de abril).
  • Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social –artículo 44(BOE núm. 315, de 31 de diciembre).
  • Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado –artículos 8 y 19(BOE núm. 280, de 20 de noviembre).
  • Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada (BOE núm. 289, de 3 de diciembre).
  • Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 8, de 10 de enero de 1995. Corrección de erratas en BOE núm. 20, de 24 de enero de 1995).
  • Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (BOE núm. 255, de 22 de octubre. Corrección de errores en BOE núm. 273, de 12 de noviembre).
  • Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (BOE núm. 42, de 18 de febrero. Corrección de errores en BOE núm. 61, de 12 de marzo).
  • Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada (BOE núm. 42, de 18 de febrero. Corrección de errores en BOE núm. 61, de 12 de marzo).
  • Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero (BOE núm. 264, de 2 de noviembre).
  • Orden de 14 de enero de 1999 por la que se aprueban los modelos de informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada (BOE núm. 20, de 23 de enero).
  • Orden de 15 de febrero de 1997 por la que se determinan las armas de fuego a utilizar por los Guardas particulares del Campo para desempeñar funciones de vigilancia y guardería (BOE núm. 48, de 25 de febrero).
  • Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada (BOE núm. 296, de 10 de diciembre).
  • Resolución de 31 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica la de 18 de enero de 1999, en lo relativo a la formación previa y uniformidad de los Guardas particulares del Campo, en sus distintas especialidades (BOE núm 212, de 3 de septiembre)
  • Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección General de la Policía, por la que se constituye la comisión de valoración del profesorado de los centros de formación y se regulan aspectos relativos a la autorización e inspección de los mismos (BOE núm. 173, de 20 de julio).
  • Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se designa la unidad administrativa que desarrollará determinadas competencias en materia de seguridad privada, y se reestructura la comisión de valoración del profesorado de los centros de formación y actualización para guardas particulares del campo y sus especialidades (BOE núm. 284, de 27 de noviembre).
  • Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban los modelos oficiales de los Libros-Registro que se establecen en el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 295, de 10 de diciembre).
  • Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se delegan competencias en materia de armas, explosivos y seguridad privada (BOE núm. 99, de 25 de abril. Corrección de errores en BOE núm. 129, de 30 de mayo).
  • Resolución de 13 de enero de 1997, de la Dirección General de la Policía, por la que se delegan determinadas competencias en materia de seguridad privada en el Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de este centro directivo (BOE núm. 36, de 11 de febrero).
  • Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada (BOE núm. 57, de 6 de marzo).
  • Màs información de Segurpricat Siseguridad : la consultoria de seguridad

    Julian Flores @juliansafety
    Director de seguridad,Segurpricat Siseguridad

         

Protestas en la capital de Venezuela, ciudad de Caracas :”Bienvenido a Playa Altamira”, reza la pancarta, en referencia a la urbanización en el este de Caracas donde ocurren regularmente las protestas.

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Carnaval en Venezuela: entre la fiesta y la protesta

Mujeres con antifaz

Las festividades del carnaval en Venezuela se convirtieron este fin de semana en escenario de “medición de fuerzas” entre simpatizantes del gobierno y la oposición, que han hecho del número de quienes se van de vacaciones un indicador del apoyo de que gozan las protestas, tres semanas después de que empezaran.

clic Lea: Pulso entre oficialistas y opositores por los carnavales

El domingo, el presidente Nicolás Maduro reiteró la invitación a las familias venezolanas a participar en las actividades programadas por el gobierno nacional en el marco del asueto.

“Nos querían quitar el carnaval”, dijo el mandatario desde el Paseo Los Próceres, en el sur de Caracas, donde decretó el inicio de las festividades.

“Ha vencido el pueblo de Venezuela, porque ha vencido la felicidad y la paz. Venezuela está en paz y disfrutando en los ríos y en las montañas y en la playa”, aseveró el Presidente.

Cruces en la playa

Una playa en la ciudad de Puerto La Cruz, en el occidente del país, amaneció con cruces negras con nombres de algunos personas muertas en las maniestaciones.

En los distintos medios y en las redes sociales, el gobierno venezolano ha mostrado imágenes de playas repletas de bañistas, de largas colas en aeropuertos y de las festividades que tienen lugar en distintas regiones del país.

Muchos venezolanos, en efecto, aprovecharon el asueto para irse a la playa o a otros destinos para descansar.

“Nuestro pueblo volcado a gozar de los carnavales”, dijo el ministro de Turismo de Venezuela, Andrés Izarra, luego de hacer un recorrido por diferentes puntos turísticos del litoral del país, en el canal de televisión estatal Venezolana de Televisión.

Antes, algunas localidades gobernadas por líderes opositores -como el municipio Chacao, en el este de Caracas- suspendieron la programación especial de carnaval porque “aquí no hay razón para celebrar”, según dijera el alcalde Ramón Muchacho.

Enfrentamiento

Precisamente en esa zona de la ciudad, este domingo, una movilización de estudiantes y opositores que manifestaban por la situación económica del país y exigían la liberación de los detenidos en las jornadas de protestas de las últimas dos semanas –incluyendo al dirigente de oposición Leopoldo López– culminó en un enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

Los funcionarios del gobierno y el canal de televisión estatal informaron de las actividades de vacaciones en las playas, pero en las ciudades no solo se mantuvieron las protestas de la oposición, sino los disturbios con las fuerzas oficiales

Daniel Pardo – Corresponsal de BBC Mundo en Venezuela

Se reportó que, concluida la movilización, un grupo de manifestantes en la urbanización Altamira levantó barricadas, prendió fuego a llantas y lanzó piedras y cocteles molotov contra los uniformados.

Estos respondieron con gases lacrimógenos y perdigones, en una escena que se ha vuelto común en esa parte de la ciudad desde mediados de febrero.

De acuerdo con la información suministrada por el alcalde Muchacho en su cuenta de Twitter (@ramonmuchacho), el saldo de los enfrentamiento fue de dos heridos por perdigón, 17 por contusiones y laceraciones, y siete por complicaciones relacionadas con los gases lacrimógenos.

“Los funcionarios del gobierno y el canal de televisión estatal informaron de las actividades de vacaciones en las playas, pero en las ciudades no solo se mantuvieron las protestas de la oposición, sino los disturbios con las fuerzas oficiales”, dice el corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Daniel Pardo.

Carnaval en la calle

Muchos aprovecharon para escenificar el carnaval en los lugares donde ocurren las protestas.

Y entre quienes optaron por salir de las ciudades, no todos se han sumado a la celebración corriente del carnaval, sino que han incorporado la fecha a la protesta.

Una playa en la ciudad de Puerto, en el estado Anzoátegui, en el oriente del país, amanecieron el sábado con cruces negras identificadas con los nombres de los estudiantes muertos desde que comenzaron las protestas.

Otros recrearon escenas de playa sobre el asfalto de las calles, como manera de decirle al gobierno que no se van a mover de donde están.

“El país lleva tres semanas viviendo eventos similares por los enfrentamientos entre opositores y oficialistas tras las protestas contra Maduro que han dejado 17 muertos y cientos de heridos y detenidos”, añade el corresponsal de la BBC en Caracas.

Ha vencido el pueblo de Venezuela, porque ha vencido la felicidad y la paz. Venezuela está en paz y disfrutando en los ríos y en las montañas y en la playa

Nicolás Maduro – Presidente de Venezuela

“Calle prendida”

Algunos decidieron suspender las vacaciones para manifestar y protestar por la crisis económica, la inseguridad y la supuesta incompetencia del gobierno son consideradas las causas principales de las protestas.

“Nosotros no tenemos nada que celebrar en la playa”, dijo Carlos Torres, un ingeniero de 34 años, a la agencia de noticias Reuters.

Torres marchaba vestido de blanco de pies a cabeza.

“Salir a vacacionar realmente es como darle la razón (al gobierno) de que todo está en calma y todo está bien, cuando realmente no nos sentimos así”, añadió.

“Queremos hacer que la calle siga prendida”, dijo otro manifestante de nombre Eduardo, estudiante de comunicación social. “Si las protestas son pacíficas la gente se termina cansando. El hecho de que nos repriman da motivo para que la gente vuelva otra vez mañana”.

clic Lea también: Pulso entre oficialista y opositores por los carnavales

Protesta en Altamira

“Bienvenido a Playa Altamira”, reza la pancarta, en referencia a la urbanización en el este de Caracas donde ocurren regularmente las protestas.

Manifestante con máscara

Las máscaras y los disfraces son atuendos típicos de las celebraciones del carnaval en Venezuela.

Recreación de playa

Incluso los niños salieron a tomar sol en medio de las tensiones.

Barricada

Luego de la movilización en Caracas, algunos manifestantes levantaron barricadas y trancaron calles.

Playas

Pese a la tensión que se vive en el país, muchos venezolanos aprovecharon el asueto para descansar.

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Los paises emergentes no están en crisis, pero han dejado de ser una ganga. Las perspectivas de mejoras a dobles dígitos son una quimera, y las rentabilidades impensables o no se ofrecen, o, tras el paulatino adelgazamiento del colchón de la Fed, empiezan a parecer peligrosas.

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  • MERCADOS Las grandes empresas con intereses en América Latina tumban el Ibex

    El dinero huye de los países emergentes y busca refugio

    Pantallas de información bursátil en un edificio de Tokio.

    Pantallas de información bursátil en un edificio de Tokio. Efe

    Si las crisis económicas se reproducen en ciclos, las tormentas financieras suelen llegar en oleadas. La de ayer golpeó con fuerza a los mercados, por todo el mundo y sin una razón concreta, salvo el miedo mismo. Que 2014 no iba a ser el mejor año para los emergentes lo descontaban analistas, inversores y organismos internacionales. Pero, en momentos de duda, cualquier chispa basta para prender la mecha.

    El desplome fue generalizado en el parqué. El Ibex 35 sufrió el mayor retroceso del continente, al caer un 3,65%, perdiendo el soporte de los 10.000 puntos (9.868,9) al dejarse 372 en la jornada. Cierra así una semana nefasta, la peor en año y medio, con un retroceso del 5,7%. El mismo patrón se repitió en Alemania (-2,48%), Francia (-2,79%), Italia (-2,30%) o Londres (-1,62%). Pese a los números, el pánico no apareció en ningún momento, y la transición se vivió más como corrección que como aviso de tsunami.

    En España, con mayor exposición a América Latina, lideraron las caídas Mapfre (5,95), IAG (5,83%), Gamesa (5,33%), BBVA (5,14%, por su presencia también en Turquía), Telefónica (4,55%), Repsol (3,65) y Banco Santander (3,53%). Si durante estos años lo que salvó los balances de las firmas fue su internacionalización, ayer pasó factura la posibilidad de un contagio de la mala situación por la región.

    La internacionalización pasa factura a las firmas por la posibilidad de un contagio de la mala situación por la región

    La retirada de los estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal estadounidense ya generó una primera corriente de caídas en las divisas emergentes y salidas masivas de capital después del verano. Esta semana, con el recalentamiento de la situación en Argentina y las dudas ante un posible estancamiento en China, llegó la segunda. «El entorno actual es potencialmente muy tóxico para los emergentes», explicaban ayer desde Société Générale.

    El jueves, el peso argentino sufrió una devaluación del 12% (17% en el año), la más fuerte desde 2002, como consecuencia de la incapacidad del Banco Central del país de seguir manteniendo artificialmente su valor, después de que sus reservas de divisas extranjeras, algo más de 29.000 millones de dólares, estén en mínimos desde 2007. Sólo ayer tuvo que desembolsar 160 millones más.

    Tras el hundimiento, ése que la presidenta aseguró que nunca ocurriría, el Gobierno de Buenos Aires anunció una liberalización parcial de la compra de dólares, que si bien logró revertir el hundimiento de la jornada anterior, no logró ni mucho menos devolver la confianza.

    Dudas generalizadas

    Las dudas ahora mismo son generalizadas. El FTSE Emerging Markets Index cayó un 1,2% más anoche, llevando el acumulado del año casi al 5%. La lira turca se dejó el viernes un 1,2% adicional, tras la sangría del día anterior, cuando el Banco Central del país tuvo que intervenir (por primera vez desde 2012) vendiendo hasta 3.000 millones de dólares.

    Los países emergentes no están en crisis, pero han dejado de ser una ganga.

    En Rusia, el rublo está en mínimos de cinco años frente al dólar, igual que el real brasileño. El rand sudafricano, en su cambio más bajo desde 2008. Según las tablas de Bloomberg, de las 24 monedas emergentes registradas en sus terminales, únicamente tres estaban en positivo (el yuan, el bath de Tailandia y el dólar de Taiwán).

    En realidad, los emergentes no están en crisis, pero han dejado de ser una ganga. Las perspectivas de mejoras a dobles dígitos son una quimera, y las rentabilidades impensables o no se ofrecen, o, tras el paulatino adelgazamiento del colchón de la Fed, empiezan a parecer peligrosas. Del milagro de los BRIC se ha pasado al recelo de las Cinco Frágiles (Brasil, Sudáfrica, India, Indonesia y Turquía).

    Han hecho parte de sus deberes, pero sus economías siguen teniendo una dependencia extrema del dinero del exterior y estructuras demasiado rígidas para mercados dinámicos. Y en unas circunstancias como las actuales, en las que la políticas de los bancos centrales son del todo inciertas y los programas de estímulo una mezcla de millones y promesas, los traders no se fían.

    Por eso, y a la espera de la reunión de la Fed de la próxima semana, todo ese dinero, como en otras veces, se vuelve a los activos refugio (franco suizo, el oro -que repuntó hasta los 1.272 dólares por onza- el yen o deuda estadounidense). E incluso a los que hace unos meses eran justo lo contrario: la deuda soberana de la periferia de Europa.

Los emergentes acechan al Ibex

  • Las empresas del Ibex facturan 1 de cada 4 euros en mercados de países en desarrollo

Ahora que la Reserva Federal está dando carpetazo a la crisis en Estados Unidos con la retirada gradual de sus estímulos y que la periferia europea vuelve a contar con la confianza de los mercados, un nuevo brote de la crisis financiera ha estallado en los países emergentes. La fuga del dinero barato procedente de Occidente -que les ha permitido una financiación extra y fácil en los últimos tiempos sin hacer frente a los desequilibrios de sus economías y a sus tensiones sociales- se ha convertido en una amenaza para su estabilidad y la recuperación económica mundial. También, para España.

En un año en el que las empresas españolas van a intentar dejar atrás lo peor de la crisis del mercado doméstico, su negocio en los países emergentes, en especial en Latinoamérica, amaga con poner en peligro la estabilidad de sus cuentas de resultados. El Ibex 35 es el índice de la Eurozona más expuesto a las economías emergentes, ya que el 26% de sus ventas, es decir, uno de cada cuatro euros, proceden de países emergentes (incluido Asia), según las estimaciones de Goldman Sachs.

Los fondos retiran 7.400 millones en una semana de los emergentes

La apuesta por la diversificación geográfica de las empresas españolas ha hecho que al menos la mitad de los ingresos de las primeras compañías de la Bolsa procedan ya de países emergentes. Banco Santander, por ejemplo, obtiene el 47% de sus ingresos de Latinoamérica, siendo Brasil su principal mercado, mientras Telefónica factura en esta región un 51% de su negocio (cerca de 21.800 millones de euros hasta el tercer trimestre del año), y, además de ser líder en Brasil, tiene una fuerte presencia en otros países en apuros, como Argentina. También BBVA genera el 60% de su negocio entre Latinoamérica (en especial México), Asia y Turquía, uno de los países que con más contundencia ha tenido que actuar en la última semana para contener el ataque a la lira. Por último, aunque Inditex no desglosa sus cifras por mercados, bien conocida es su apuesta por Asia y Latinoamérica.

La otra cara de la moneda es que la inestabilidad de estos países está atrayendo capitales de sus fortunas a España con sonadas inversiones, como la de un grupo de mexicanos en el Banco Popular.

En la última semana, los fondos que invierten en países emergentes han retirado 10.000 millones de dólares (unos 7.400 millones de euros), de los que 6.300 millones de dólares han salido de sus Bolsas y otros 2.700 millones de los mercados de bonos, según los datos facilitados a este periódico por el gestor de Trea Capital, Rohit Gadkar, cuyo fondo acaba de ganar el premio al mejor producto del año en la categoría de mercados emergentes de los International Hedge Fund Awards.

Pese a que en los últimos días los ataques a las divisas de países como Argentina, Rusia, Turquía, Sudáfrica o la India han copado muchas páginas de la prensa occidental, lo cierto es que el estallido de la crisis que están viviendo estos países no ha cogido por sorpresa a los economistas.

«La causa de la crisis de los emergentes se remonta a abril de 2011, cuando las materias primas comenzaron a caer.Desde entonces, acumulan caídas del 20%, que en casos, como el cobre alcanzan el 30%, y eso es fatal para estos países», explica el analista financiero, Juan Ignacio Crespo.

Con esta caída de fondo, la ralentización del crecimiento en China, junto con el menor dinero que la Reserva Federal va a inyectar a partir de ahora en el mercado han puesto en marcha una bomba de relojería que tarde o temprano estaba destinada a estallar. Ya en mayo de 2013, cuando el presidente de la Fed, Ben Bernanke, anunció que empezarían a reducir sus estímulos de 85.000 millones de dólares al mes, los mercados dejaron claro que el ‘tapering’ provocaría turbulencias en los mercados emergentes, que figuraban entre los mayores receptores de los excesos de liquidez de los mercados de EEUU.

Además de una política monetaria defensiva, el mercado demanda a estos países medidas estructurales

«Con los bajos tipos de interés en Occidente, la llegada de capitales a estos países ha sido brutal porque ofrecían altas rentabilidades, pese al mayor riesgo. Pero ahora que los tipos de la deuda americana están subiendo, los gestores se sienten más cómodos invirtiendo en EEUU sin tener que cubrir el riesgo de cambio», reconoce Crespo.

Las medidas de urgencia con las que los bancos centrales de países como Argentina, India, Turquía,Sudáfrica o Rusia han salido al rescate de sus divisas en los últimos días no parecen suficientes para contener unas turbulencias que el FMI ya considera que permanecerán en los mercados en los próximos meses.

«A pesar de las agresivas e inesperadas medidas tomadas por bancos centrales de países como Turquía, la India o Sudáfrica, después del rally inicial, las monedas están volviendo a los niveles anteriores a esas acciones», afirma Gadkar, antes de dar por hecho que los tipos de cambio «podrían seguir sufriendo».

Además de una política monetaria defensiva, el mercado demanda a estos países medidas estructurales, como las que ha adoptado España en los últimos tiempos. Y el problema es que muchos de sus gobiernos -Brasil, Sudáfrica, Turquía o Indonesia- se enfrentan en los próximos meses a procesos electorales, que siempre son poco propicios para poner en marcha reformas impopulares.

Segurprìcat Consulting Advisory
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El nombre oficial de la Organización INTERPOL es “OIPC-INTERPOL”, los signos distintivos de INTERPOL, dada su condición de organización internacional, Las siglas oficiales “OIPC” corresponden a “Organización Internacional de Policía Criminal”. En inglés las siglas oficiales son ICPO (“International Criminal Police Organization”) y en francés “O.I.P.C.” “”Organisation Internationale de Police Criminelle”).

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Nombre oficial y siglas

El nombre oficial de la Organización es “OIPC-INTERPOL”.

Las siglas oficiales “OIPC” corresponden a “Organización Internacional de Policía Criminal”. En inglés las siglas oficiales son ICPO (“International Criminal Police Organization”) y en francés “O.I.P.C.” “”Organisation Internationale de Police Criminelle”).

La palabra “INTERPOL” es una contracción de la expresión inglesa “international police” (policía internacional) y fue escogida en 1946 como dirección telegráfica.

Hasta 1956, la Organización se denominaba Comisión Internacional de Policía Criminal (International Criminal Police Comission).

El emblema

El emblema, que se viene utilizando desde 1950, consta de los elementos siguientes:

  • una representación del globo terráqueo, para indicar que las actividades de INTERPOL son de ámbito mundial;
  • sendas ramas de olivo a ambos lados del globo, para simbolizar la paz;
  • el nombre “INTERPOL” debajo del globo, en el centro de las ramas de olivo;
  • una espada en posición vertical, detrás del globo, como símbolo de la acción policial.
  • las siglas “OIPC” e “ICPO” encima del globo, a ambos lados de la espada;
  • una balanza cuyos platillos aparecen debajo de las ramas de olivo y que simboliza la justicia.

La bandera

La bandera también se viene utilizando desde 1950.

  • presenta un fondo de color azul claro;
  • en su centro figura el emblema;
  • los cuatro rayos colocados simétricamente en torno al emblema simbolizan las telecomunicaciones y la velocidad de la acción policial.

Protección de los signos distintivos de INTERPOL

Los signos distintivos de INTERPOL, dada su condición de organización internacional, están protegidos por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883.

De conformidad con el artículo 6ter de dicho convenio, que ha sido ratificado por la mayoría de los países miembros de INTERPOL, los países signatarios han acordado rechazar el registro y prohibir la utilización de marcas que contengan, sin el debido permiso, escudos, banderas, emblemas, siglas y nombres de Estados y organizaciones intergubernamentales.

Además, el emblema de la Organización y el nombre “INTERPOL” han sido registrados como marcas comerciales en la Comunidad Europea y en los Estados Unidos.

Autorización para utilizar los signos distintivos de INTERPOL

El uso del nombre y el logotipo de la Organización por socios externos con fines promocionales solo se permite en casos excepcionales y debe cumplir una serie de condiciones, que se enumeran en las Normas sobre el uso del nombre, las iniciales y el emblema o logotipo(s) de INTERPOL.

Dicha autorización está sujeta a restricciones:

  • solo es aplicable a proyectos concretos, previamente determinados;
  • su duración también debe determinarse previamente;
  • no confiere ningún derecho exclusivo.

Los signos no pueden ser modificados ni adaptados y, cuando se considere apropiado, el material (documentos, películas, etc.) deberá presentarse a la Organización para su aprobación, antes de su publicación.

INTERPOL podrá revocar automáticamente el derecho a utilizar sus signos distintivos, si se hace patente que el proyecto puede causar perjuicio a su reputación o imagen.

En determinados casos el logotipo de INTERPOL puede usarse junto con el de un tercero, por ejemplo cuando organiza un acontecimiento o publica documentos conjuntamente con otra organización, un ministerio o una administración policial.

Informaciones complementarias

Pueden ponerse en contacto con la Oficina de Comunicación de INTERPOL si necesitan:

  • más información sobre el uso del logotipo;
  • información sobre la utilización conjunta de marcas;
  • una copia del logotipo;
  • una copia de las Directrices sobre la Identidad Institucional de la Organización.

Nombre oficial y siglas

El nombre oficial de la Organización es “OIPC-INTERPOL”.

Las siglas oficiales “OIPC” corresponden a “Organización Internacional de Policía Criminal”. En inglés las siglas oficiales son ICPO (“International Criminal Police Organization”) y en francés “O.I.P.C.” “”Organisation Internationale de Police Criminelle”).

La palabra “INTERPOL” es una contracción de la expresión inglesa “international police” (policía internacional) y fue escogida en 1946 como dirección telegráfica.

Hasta 1956, la Organización se denominaba Comisión Internacional de Policía Criminal (International Criminal Police Comission).

El emblema

El emblema, que se viene utilizando desde 1950, consta de los elementos siguientes:

  • una representación del globo terráqueo, para indicar que las actividades de INTERPOL son de ámbito mundial;
  • sendas ramas de olivo a ambos lados del globo, para simbolizar la paz;
  • el nombre “INTERPOL” debajo del globo, en el centro de las ramas de olivo;
  • una espada en posición vertical, detrás del globo, como símbolo de la acción policial.
  • las siglas “OIPC” e “ICPO” encima del globo, a ambos lados de la espada;
  • una balanza cuyos platillos aparecen debajo de las ramas de olivo y que simboliza la justicia.

La bandera

La bandera también se viene utilizando desde 1950.

  • presenta un fondo de color azul claro;
  • en su centro figura el emblema;
  • los cuatro rayos colocados simétricamente en torno al emblema simbolizan las telecomunicaciones y la velocidad de la acción policial.

Protección de los signos distintivos de INTERPOL

Los signos distintivos de INTERPOL, dada su condición de organización internacional, están protegidos por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883.

De conformidad con el artículo 6ter de dicho convenio, que ha sido ratificado por la mayoría de los países miembros de INTERPOL, los países signatarios han acordado rechazar el registro y prohibir la utilización de marcas que contengan, sin el debido permiso, escudos, banderas, emblemas, siglas y nombres de Estados y organizaciones intergubernamentales.

Además, el emblema de la Organización y el nombre “INTERPOL” han sido registrados como marcas comerciales en la Comunidad Europea y en los Estados Unidos.

Autorización para utilizar los signos distintivos de INTERPOL

El uso del nombre y el logotipo de la Organización por socios externos con fines promocionales solo se permite en casos excepcionales y debe cumplir una serie de condiciones, que se enumeran en las Normas sobre el uso del nombre, las iniciales y el emblema o logotipo(s) de INTERPOL.

Dicha autorización está sujeta a restricciones:

  • solo es aplicable a proyectos concretos, previamente determinados;
  • su duración también debe determinarse previamente;
  • no confiere ningún derecho exclusivo.

Los signos no pueden ser modificados ni adaptados y, cuando se considere apropiado, el material (documentos, películas, etc.) deberá presentarse a la Organización para su aprobación, antes de su publicación.

INTERPOL podrá revocar automáticamente el derecho a utilizar sus signos distintivos, si se hace patente que el proyecto puede causar perjuicio a su reputación o imagen.

En determinados casos el logotipo de INTERPOL puede usarse junto con el de un tercero, por ejemplo cuando organiza un acontecimiento o publica documentos conjuntamente con otra organización, un ministerio o una administración policial.

Informaciones complementarias

Pueden ponerse en contacto con la Oficina de Comunicación de INTERPOL si necesitan:

  • más información sobre el uso del logotipo;
  • información sobre la utilización conjunta de marcas;
  • una copia del logotipo;
  • una copia de las Directrices sobre la Identidad Institucional de la Organización.

El nombre oficial de la Organización es “OIPC-INTERPOL”.

Las siglas oficiales “OIPC” corresponden a “Organización Internacional de Policía Criminal”. En inglés las siglas oficiales son ICPO (“International Criminal Police Organization”) y en francés “O.I.P.C.” “”Organisation Internationale de Police Criminelle”).

La palabra “INTERPOL” es una contracción de la expresión inglesa “international police” (policía internacional) y fue escogida en 1946 como dirección telegráfica.

Hasta 1956, la Organización se denominaba Comisión Internacional de Policía Criminal (International Criminal Police Comission).

El emblema

El emblema, que se viene utilizando desde 1950, consta de los elementos siguientes:

  • una representación del globo terráqueo, para indicar que las actividades de INTERPOL son de ámbito mundial;
  • sendas ramas de olivo a ambos lados del globo, para simbolizar la paz;
  • el nombre “INTERPOL” debajo del globo, en el centro de las ramas de olivo;
  • una espada en posición vertical, detrás del globo, como símbolo de la acción policial.
  • las siglas “OIPC” e “ICPO” encima del globo, a ambos lados de la espada;
  • una balanza cuyos platillos aparecen debajo de las ramas de olivo y que simboliza la justicia.

La bandera

La bandera también se viene utilizando desde 1950.

  • presenta un fondo de color azul claro;
  • en su centro figura el emblema;
  • los cuatro rayos colocados simétricamente en torno al emblema simbolizan las telecomunicaciones y la velocidad de la acción policial.

Protección de los signos distintivos de INTERPOL

Los signos distintivos de INTERPOL, dada su condición de organización internacional, están protegidos por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883.

De conformidad con el artículo 6ter de dicho convenio, que ha sido ratificado por la mayoría de los países miembros de INTERPOL, los países signatarios han acordado rechazar el registro y prohibir la utilización de marcas que contengan, sin el debido permiso, escudos, banderas, emblemas, siglas y nombres de Estados y organizaciones intergubernamentales.

Además, el emblema de la Organización y el nombre “INTERPOL” han sido registrados como marcas comerciales en la Comunidad Europea y en los Estados Unidos.

Autorización para utilizar los signos distintivos de INTERPOL

El uso del nombre y el logotipo de la Organización por socios externos con fines promocionales solo se permite en casos excepcionales y debe cumplir una serie de condiciones, que se enumeran en las Normas sobre el uso del nombre, las iniciales y el emblema o logotipo(s) de INTERPOL.

Dicha autorización está sujeta a restricciones:

  • solo es aplicable a proyectos concretos, previamente determinados;
  • su duración también debe determinarse previamente;
  • no confiere ningún derecho exclusivo.

Los signos no pueden ser modificados ni adaptados y, cuando se considere apropiado, el material (documentos, películas, etc.) deberá presentarse a la Organización para su aprobación, antes de su publicación.

INTERPOL podrá revocar automáticamente el derecho a utilizar sus signos distintivos, si se hace patente que el proyecto puede causar perjuicio a su reputación o imagen.

En determinados casos el logotipo de INTERPOL puede usarse junto con el de un tercero, por ejemplo cuando organiza un acontecimiento o publica documentos conjuntamente con otra organización, un ministerio o una administración policial.

Informaciones complementarias

Pueden ponerse en contacto con la Oficina de Comunicación de INTERPOL si necesitan:

  • más información sobre el uso del logotipo;
  • información sobre la utilización conjunta de marcas;
  • una copia del logotipo;
  • una copia de las Directrices sobre la Identidad Institucional de la Organización.
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El nuevo texto del proyecto de Ley de Seguridad Privada con el apoyo de los grupos parlamentarios de Convergència i Unió (CiU) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que será remitido ahora al Senado, en el artículo 32.1 c) del nuevo texto, se recoge que los vigilantes de seguridad sólo pueden detener a quien acaba de cometer un delito, sólo si lo ha cometido en el ámbito de su protección (el lugar protegido) e inmediatamente después tienen que ponerlo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, y nunca podrán proceder a su interrogatorio, ni practicar cacheos, ni detenciones arbitrarias.

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Los vigilantes de seguridad privada sólo podrán detener a quien cometa un delito y ponerlo inmediatamente a disposición de las Fuerzas de Seguridad

10 / 12 / 2013 Madrid

Además, nunca podrán proceder a su interrogatorio, ni practicar cacheos, ni detenciones arbitrarias.

Aprobado el nuevo texto del proyecto de Ley de Seguridad Privada en el Congreso de los Diputados con los votos a favor de CiU y PNV

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy el nuevo texto del proyecto de Ley de Seguridad Privada con el apoyo de los grupos parlamentarios de Convergència i Unió (CiU) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que será remitido ahora al Senado.

En el artículo 32.1 c) del nuevo texto, se recoge que los vigilantes de seguridad sólo pueden detener a quien acaba de cometer un delito, sólo si lo ha cometido en el ámbito de su protección (el lugar protegido) e inmediatamente después tienen que ponerlo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, y nunca podrán proceder a su interrogatorio, ni practicar cacheos, ni detenciones arbitrarias.

Así pues, la facultad de los vigilantes de seguridad de proceder, en ciertos casos, a detener a un delincuente y ponerlo inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se recoge en el artículo 41 (referente al ámbito en el que pueden prestarse servicios de vigilancia y protección), sino en el artículo 32.1 c)

Si esta facultad no se recogiera en la futura nueva ley -que ya existe en la vigente ley y que, además, puede ejercer cualquier ciudadano-, se podría llegar a la situación de que un vigilante de seguridad que sorprende a quien acaba de cometer un delito, deba permitir que huya, incluso con los instrumentos y efectos del delito, aunque tenga la posibilidad de proceder a su detención.

En concreto, la Ley vigente 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, ya la prevé, al disponer en su artículo 11.1 d) que los vigilantes de seguridad podrán “poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos”.

Además, el artículo 76 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, precisa aún más, al disponer que “en el ejercicio de su función de protección de bienes inmuebles así como de las personas que se encuentren en ellos, los vigilantes de seguridad deberán realizar las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión”. Y añade que  “cuando observaren la comisión de delitos en relación con la seguridad de las personas o bienes objeto de protección, o cuando concurran indicios racionales de tal comisión, deberán poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los supuestos delitos”.

Por otra parte, cualquier ciudadano tiene la facultad de detener al que acaba de cometer un delito, como establece el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en redacción inalterada desde 1882.

En consecuencia, la redacción del artículo 32.1 c) procede del texto del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y no es fruto, en ningún caso, de una enmienda acordada con el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió (CiU).

Asimismo, lo que permite el artículo 41 del proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada es que las empresas de seguridad puedan prestar servicios de vigilancia y protección, entre otros ámbitos, “en zonas comerciales peatonales”, siempre y cuando exista una autorización previa y, en su caso, además en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se trata, pues, de un servicio que ya se viene prestando en zonas comerciales desde hace tiempo, aunque sin respaldo legal, y además nunca ha planteado problemas y que ahora recoge el nuevo texto del proyecto de Ley de Seguridad Privada.

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¿Debe tener el Personal de Seguridad privada el carácter de Agente de la Autoridad?

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Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad?

El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad para el VS no constituye ningún privilegio COMPÁRTELO:

 

julian flores garcia
@juliansafety
El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad para el VS no constituye ningún privilegio COMPÁRTELO: bit.ly/13RIrqx

Eligio Landín López

Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

 

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó, el pasado día 30 de diciembre, la Ley 10/2011 que, entre otras leyes autonómicas, modificó la Ley 4/2003, de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña. La reforma añadió a esta Ley la Disposición Adicional Séptima, mediante la que otorga el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad privada que preste servicios de vigilancia en infraestructuras y medios de transporte público de Cataluña.

La Disposición, según establece la misma, se aprobó en base a las competencias de coordinación de la seguridad privada con la Policía autonómica que tienen la Comunidad Autónoma en virtud del vigente Estatuto de Autonomía. No voy a entrar a considerar si el Parlamento Autonómico tenía, o no, competencias para regular la materia, pero lo cierto es que un dictamen de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de fecha 14 de noviembre de 2011, niega esa posibilidad de acuerdo con las competencias que Cataluña tiene en materia de seguridad privada, conforme a lo establecido en la Ley 23/92 y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2364/94.

 

En todo caso, el motivo de este artículo no es analizar las competencias del Estado y las que, con carácter ejecutivo, tiene la Comunidad Autónoma en seguridad privada, análisis que, con todo acierto, ha efectuado la Unidad Central de Seguridad Privada y que ha hecho público a través de uno de sus boletines ( Monográfico 12, de septiembre de 2011).

La decisión de la Generalidad que, por otra parte, no es novedosa, ya que la Ley Ferroviaria de Cataluña,( la Ley 4/2006), a pesar de las discrepancias habidas sobre la interpretación de su art. 38, en mi opinión, ya atribuía el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad que prestaba servicios de vigilancia en las instalaciones de los medios de transporte ferroviarios incluido el metropolitano; me da pie a plantear la cuestión de fondo que encabeza el artículo: ¿ debe el personal de seguridad privada tener la condición de Agente de la Autoridad? Pues bien, ya anticipo que mi respuesta es positiva.

 

Sin ninguna duda creo, por las razones que expondré a continuación, que es imprescindible que el personal de seguridad, (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Vigilantes de Explosivos y sustancias peligrosas, guardas particulares de campo, incluidas sus especialidades -guardas de caza y guardapescas-, y, por qué no, el resto de las categorías que lo integran: Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad y Detectives Privados), tenga reconocida legalmente la condición de Agente de la Autoridad.

En este punto discrepo del criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior que, a pesar de que el art. 35 de la Orden INT/318/2011, establece textualmente: “ En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran con la autoridad o sus agentes”, sigue manteniendo que, con carácter general, el personal de seguridad no tiene el carácter de Agente de la Autoridad, aunque en determinadas circunstancias tiene la protección legal como tales ( cuando acuden en auxilio o colaboran con la Autoridad o sus Agentes, ampliable a determinados servicios que el personal de seguridad privada preste en colaboración directa con la seguridad pública, como por ej. En un dispositivo conjunto de seguridad). No comparto su interpretación restrictiva, ya que, si bien es cierto que la citada Orden, por su rango legal, no podía otorgar tal condición al personal de Seguridad Privada ( precisamente esa falta de rango legal fue el argumento por el que, finalmente, el Tribunal Supremo negó validez al Decreto 629/1987 que atribuía la condición de Agente de Autoridad a los antiguos Vigilantes Jurados de Seguridad), también lo es el hecho de que si el alcance de la protección del personal de seguridad que recoge el precepto se limita a esos aspectos, la norma resulta innecesaria, ya que esa protección ya está prevista en una norma de superior rango, en este caso de Ley Orgánica, como es el art. 555 del vigente Código Penal ( Ley Orgánica 10/95). (Éste artículo protege con las mismas penas – en un grado inferior- que las establecidas para los atentados contra la autoridad o sus agentes, a los acometan o intimiden a las personas que acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.)

 

Yo creo que habría que abordar el asunto con la profundidad que requiere y, si ahora no era el momento, de lege ferenda, debería incluirse, de forma inequívoca, en la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada. Es muy sencillo, bastaría con añadir un artículo con el siguiente texto: “El Personal de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus obligaciones, tiene el carácter de Agente de la Autoridad a todos los efectos legales”.

Pero, antes de otras consideraciones jurídicas, conviene primero saber qué es un Agente de la Autoridad y qué consecuencias legales tiene una atribución de éste tipo a una determinada profesión, para saber si existe algún inconveniente legal que impida o dificulte su reconocimiento respecto al personal de seguridad.

Para definir qué es un Agente de la Autoridad quizá haya que empezar por definir el concepto del que es consecuencia, esto es, del de Autoridad. Curiosamente, como ha reiterado la doctrina del Tribunal Supremo (por todas la STS de 9 de mayo de 1978), para saber quién es una Autoridad tenemos que recurrir al art. 24 del Código Penal y digo curiosamente porque para definir este concepto lo lógico sería recurrir al Derecho Administrativo, y no a la ley penal – es sabido que la razón de ser de ésta no es otra que la de definir quién tiene esa consideración a efectos de subsumir las conductas delictivas en los tipos penales en los que el sujeto activo sea precisamente una Autoridad- . Pero lo cierto es que en este ámbito del Ordenamiento Jurídico no existe una definición de qué se entiende por Autoridad, a efectos legales.

 

El art. 24. 1º del Código Penal contiene los dos términos que nos permiten concluir si estamos en presencia, o no, de una Autoridad, – con independencia, como es lógico, del propio título o nombramiento para el cargo- que, en todo caso, deben que ser interpretados para que la definición de Autoridad tenga pleno contenido. En concreto, cuando la norma afirma que se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación o tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, es indudable que debemos analizar qué significa “tener mando” o “ejercer jurisdicción propia”, pues con ello podremos avanzar hacia el contenido del concepto Autoridad.

Nuestro Diccionario RAE contiene las siguientes definiciones: Autoridad: poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; Mando, en una de sus acepciones, significa: autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos; y jurisdicción: autoridad, poder o dominio sobre otro. El Tribunal Supremo, en una vieja sentencia de 1963, definía el concepto de mando diciendo que: “La función de autoridad implica una voluntad de mando o imperio, que se concreta en el ejercicio “erga subditus” de un derecho de supremacía, esto es, de un derecho que constituye una manifestación de un poder jurídicamente superior al de los ciudadanos. Y es por esta razón, por la que los ciudadanos vienen obligados a la Autoridad cuando ésta se halla en el ejercicio de su cargo”.

 

Por su parte, el ejercicio de la autoridad, poder o dominio que implica tener jurisdicción, supone tener atribuida competencia para declarar y hacer cumplir o ejecutar lo declarado, como por ej. tienen constitucionalmente reconocidos los Jueces y Tribunales de Justicia. Esta competencia tiene que estar atribuida específicamente a la persona que decide y no cabe por delegación.

Por tanto, el acto de autoridad implica dos momentos o fases: la toma de la decisión y la ejecución o cumplimiento de la misma. Si la fase decisoria corresponde, por derecho propio, a la Autoridad, la de ejecución puede corresponder a otras personas, aquellas que, actuando en representación de la Autoridad o por delegación, lo hacen como Agentes de la misma.

En consecuencia, una aproximación a la definición de Agente de la Autoridad – el mencionado Diccionario considera que es aquella persona que obra con poder de otra- podría ser entender aquél como una figura intermedia entre la Autoridad y los funcionarios públicos. Los Agentes de la Autoridad, se encargarían de hacer cumplir las órdenes y disposiciones que emanan de la Autoridad – Actuarían siempre por delegación o en nombre de la Autoridad.

Sin embargo, legalmente, no hay una definición de qué se entiende por Agente de la Autoridad, ni siquiera en el ámbito penal ( el Código Penal de 1928, sí incluía en el párrafo 3º del art. 213 un texto del siguiente tenor: Se consideran Agentes de la Autoridad no sólo los funcionarios que con tal carácter dependan del Estado, de la Provincia o del Municipio, sino los de otras entidades que realicen o coadyuven a los fines de aquellos y los que tengan a su cargo alguna misión general o determinada y en disposición reglamentaria o nombramiento expedido por Autoridad competente o delegado de ésta, se expresa el carácter de tal agente”).

 

Ante la falta de definición legal, ha sido el Tribunal Supremo, una vez más, quién ha venido a establecer qué se entiende por Agente de la Autoridad (STS de 27.05.1978 y 28.01.1982) diciendo que son Agentes de la Autoridad quienes por razón de su cargo están obligados a auxiliar a la Autoridad en el ejercicio de sus funciones y ejecutar y llevar a efecto sus providencias, acuerdos, órdenes y mandatos.

 

La atribución del carácter de Agente de la Autoridad tiene un doble origen: O se obtiene por disposición legal – mediante ley formal, es decir, Ley orgánica, ordinaria, Decreto-Ley u otra con dicho rango legal- que atribuya dicha condición a determinado colectivo o profesión, como es el caso, entre otros, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), cuya Ley Orgánica 2/86, en su artículo 7.1, les atribuye a sus miembros dicho carácter. O bien, tiene su origen en un nombramiento específico o nominal realizado por la Autoridad competente. En este caso, la atribución se realiza a título individual, sobre una persona concreta, y no a un colectivo determinado como cuando procede de una norma con valor de Ley.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, para atribuir la condición de Agente de la Autoridad al colectivo profesional de seguridad privada sería necesario que la Ley, en este caso, la Ley de Seguridad Privada, simplemente, lo establezca dentro del estatuto jurídico- profesional de las diferentes categorías profesionales, como se recogen en su art. 1-3º, los principios básicos de actuación como normas deontológicas similares a las que tienen los miembros de las FCS.

Pero ¿qué ocurre con la actual normativa que regula el sector, la Ley 23/92? Pues sencillamente que esta Ley, por razones que no explica en su Exposición de Motivos, no recoge en su texto que el personal de seguridad tenga esa condición, considerando que las diferentes las categorías que lo integran tienen la de “auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Sin embargo, si analizamos la legislación vigente, en concreto el art. 4.2ºde la Ley Orgánica 2/86, de FCS y el art. 1.4º de la Ley 23/92, de Seguridad Privada, vemos que el personal de seguridad tienen la obligación específica de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento les impone la de seguir sus instrucciones en el lugar de servicio, de prevenir la comisión de delitos o infracciones durante el servicio, de detener a los presuntos responsables de infracciones penales para su entrega a la Policía, junto con los efectos e instrumentos del delito, etc.

 

Es decir, como afirmaba el conocido Informe núm. 3/93 de la Fiscalía General del Estado, de 20 de octubre de 1993, los Vigilantes de Seguridad con su actuación profesional,- con el obligado cumplimiento de sus deberes profesionales, añadiría – (su incumplimiento está tipificado como infracción muy grave en la Ley 23/92, con la correlativa sanción que puede llegar a la pérdida de la habilitación), no están cumpliendo unas funciones estrictamente privadas ( garantizar la seguridad de las personas y bienes en unas concretas instalaciones propiedad del cliente que ha contrato el servicio con la empresa de seguridad) sino una labor de dimensión pública, cumpliendo un mandato legal, de colaboración y auxilio a las FCS y por ello, recogía el citado Informe, deben tener una protección penal similar a la de los Funcionarios públicos pertenecientes a las FCS.

Porque, de eso es de lo se trata, al personal de seguridad se les están imponiendo unas obligaciones profesionales similares a las que tiene un agente de la Policía, aunque en su caso circunscritas al lugar y tiempo de servicio, pero, sin embargo, no tiene la misma protección jurídico penal -las personas que les desobedecen o resisten no cometen un delito o falta de resistencia o desobediencia, y quienes les agreden, simplemente pueden ser acusados de un delito o falta de lesiones, pero no de Atentado a Agente de la Autoridad, entre otras figuras penales que protegen la actuación de la Autoridad y sus Agentes-. 

 

Y es evidente que la suya, como la de las FCS, constituye una profesión de riesgo – incluso con riesgo de la vida como, lamentablemente, hemos podido comprobar recientemente- y que, en el ejercicio de su actividad, se le exige una permanente colaboración y auxilio a las FCS. Es decir, que están realizando una actividad de interés para la seguridad pública, de relevancia para los ciudadanos y para la comunidad.

Por tanto, la conclusión, ya anticipada, es que es necesario y conveniente reconocer -cuanto antes, por Ley, con carácter general y en todo el territorio español por ser su habilitación válida para ejercer la profesión en toda España-, a todos los profesionales de seguridad privada el carácter de Agentes de la Autoridad cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones, no simplemente limitándolo a determinadas actuaciones o servicios, sino siempre que se hallen en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales o, lo que es lo mismo, siempre que se hallen en acto de servicio, ya que, en todo momento, se les está imponiendo que actúen que realicen funciones o intervenciones profesionales, en el lugar de servicio, para cumplir con su deber de colaboración con las FCS, aunque estas no estén presentes – en este caso la protección, como vimos, ya existe por la vía del vigente Código Penal-.

 

El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad no constituye ningún privilegio, sino la contrapartida legal necesaria para proteger, desde el punto de vista jurídico- penal, una profesión que es de interés público proteger porque está implicada en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, ello contribuirá, sin duda, a que la comunidad perciba con más valor el servicio desempeñado por estos profesionales (por los ciudadanos, en general, y por las Autoridades y funcionarios públicos, en particular, especialmente, las que forman parte de los Juzgados y Tribunales), y supondrá un reconocimiento público de la importancia que tiene su dedicación profesional en el campo de la seguridad.

 

Y, por último, permitirá, desde luego, exigir a estos profesionales una mayor responsabilidad, profesionalidad y formación, en sus relaciones con los ciudadanos y con las instituciones públicas en general, y no sólo respecto a las empresas de seguridad en las que están encuadrados

 

FUENTEN ews ADSI Flash nº 325 – 12 de febrero de 2012

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Acerca de admin

Me llamo Julián Flores, soy consultor de seguridad como tambien Director de Seguridad habilitado por el Ministerio de Interior y profesor acreditado por la Dirección general de la Policia y la Dirección General de la Guardia Civil para impartir formación en Centros Habilitados de Seguridad Privada de formación de personal de seguridad privada, como experto univesitario en Dirección de Seguridad Integral. Con estudios de Economia y Relaciones Laborales.Me interesa el mundo de las empresas de seguridad, de los recursos humanos y de la mejora en la dirección de equipos de trabajo.

La Guardia Civil y la RFEF presentan a la Comisión Antiviolencia ha mostrado su satisfacción por la firma de este nuevo protocolo y ha aprovechado la ocasión para manifestar su máximo apoyo a los árbitros de las categorías inferiores

 

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La Guardia Civil y la RFEF presentan a la Comisión Antiviolencia el nuevo protocolo de seguridad para los campos de fútbol de categorías inferiores

05 / 12 / 2013 Madrid

Antiviolencia ha mostrado su satisfacción por la firma de este nuevo protocolo y ha aprovechado la ocasión para manifestar su máximo apoyo a los árbitros de las categorías inferiores

Multa de 4.500 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a cada uno de los cinco aficionados identificados quienes, en el partido Sevilla-Betis encendieron una bengala que provocó una avalancha

La Comisión Antiviolencia ha acordado remitir al Comité de Disciplina Deportiva el comportamiento de un jugador del Logroñés y del Club por los hechos ocurridos al final del partido Zamora-Logroñés

La Guardia Civil, como miembro de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, ha hecho entrega a la presidencia de esta Comisión del nuevo protocolo operativo de colaboración en materia de seguridad para los partidos de fútbol que se celebren en España, firmado el pasado viernes 29 de noviembre por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar.

El objetivo de este nuevo protocolo es coordinar los dispositivos de seguridad en aquellos encuentros deportivos considerados de riesgo, donde se prevea que puedan darse conductas violentas, tanto hacia los colegiados como hacia algún jugador o cualquiera de los asistentes al evento.

De esta manera, se pretende garantizar la correcta celebración de los partidos de fútbol en las categorías inferiores base que son, una de las piedras angulares de este deporte nacional, en muchas de los cuales, los árbitros se enfrentan a verdaderas situaciones de indefensión que no trascienden más allá del ámbito local.
En cada temporada y, en concreto, en los campos de categorías inferiores, se han producido más de 60 agresiones, hechos que no ocurren en ningún campo de Primera, Segunda División y Segunda División “B”.

Tras la firma de este protocolo, todos los árbitros han coincidido en que se trata de una medida muy necesaria y que sus peores momentos en un campo fue precisamente en sus comienzos profesionales en esas categorías inferiores.

Los incidentes más frecuentes de violencia en campos de fútbol de categorías inferiores -donde presta servicio la Guardia Civil- se suelen dar contra los árbitros, ya que muchas veces estas instalaciones no tienen vallas adecuadas u otras medidas de seguridad que si existen en el fútbol profesional. En la mayoría de los casos se tratan de agresiones al equipo arbitral, insultos, amenazas y daños a los vehículos de los árbitros por parte de los jugadores, directivos, entrenadores.

Este protocolo se enmarca dentro de la estrategia que, tanto el Comité arbitral como la Guardia Civil están desarrollando contra la violencia, la intolerancia, el racismo y la xenofobia en el deporte.

Por otro lado, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado multar con 3.000 euros a un jugador de la U.D. Logroñés quien, al finalizar el partido Zamora C.F.-U.D. Logroñés, realizó gestos provocativos -impropios de un deportista profesional- contra los seguidores del equipo local. Al ser reprobada su conducta, el jugador junto con otros miembros de este equipo se enfrentaron al coordinador de seguridad, llegando a provocar varios empujones.

Ante tal comportamiento, la Comisión Antiviolencia ha acordado comunicar estos hechos  al Comité de Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por si tanto el comportamiento del jugador como del Club fueran constitutivas de infracciones deportivas  

Asimismo, la Comisión ha propuesto una serie de sanciones de las que, a continuación, se enumeran las más importantes:

– Multa de 4.500 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a cada uno de los cinco aficionados identificados quienes, en el partido Sevilla F.C., SAD – Real Betis Balompié, SAD, encendieron una bengala en los aledaños del estadio, donde había congregados un gran número de aficionados, provocando con ello una avalancha.

– Multa de 4.500 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a un aficionado identificado quien, en el partido de la Liga Europa Sevilla F.C., SAD – GD Estoril Praia encendió y posteriormente lanzó una bengala dentro de la Grada donde se encontraba con el resto de aficionados visitantes.

– Multa de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a un aficionado identificado quien, en el partido Sevilla F.C., SAD – Real Betis Balompié, SAD, profirió gritos racistas y xenófobos contra un jugador del equipo local, lo que provocó una protesta generalizada de la afición local.

– Multa de 3.500 euros al Sevilla F.C., SAD por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al no impedir que, durante el partido Sevilla F.C., SAD – GD Estoril Praia, SAD, se introdujera una bengala que posteriormente fue encendida y lanzada contra un grupo de aficionados visitantes.

– Multa de 3.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de seis meses a un aficionado identificado quien, en el partido Sevilla F.C., SAD – Real Betis Balompié, SAD, agredió a un aficionado empujándole y agarrándole por la ropa violentamente en el interior del recinto deportivo.

_____________

Además de estas propuestas de sanción, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer otras 11 más a varios aficionados identificados que fueron sorprendidos por los agentes policiales consumiendo sustancias estupefacientes en el interior del recinto deportivo.